Veinte personas fallecidas, 14 lesionadas, 9 mil viviendas destruidas y más de 22 mil hectáreas afectadas fue el saldo del megaincendio que azotó a Penco, Concepción, Florida y Yumbel, entre otras comunas de la Región del Biobío.

La catástrofe, acontecida a mediados de enero pasado, dio origen a una investigación judicial que desde entonces se ha mantenido en reserva, y cuyo plazo de seis meses de indagatoria concluye a fines de julio. Hasta hoy, solo existe un imputado en el caso, a quien el Ministerio Público formalizó por el delito consumado de incendio forestal, además de 20 cuasidelitos de homicidio, 14 cuasidelitos de lesiones graves y menos graves, y daños. El único acusado permanece bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.

Por lo anterior, existe un alto interés en los municipios de Concepción y Penco para que los resultados de la investigación determinen las responsabilidades de lo ocurrido. “Esperamos que la investigación sobre los responsables de los fatales incendios forestales de enero pasado (…) avance con la mayor celeridad posible y permita esclarecer los hechos”, señalaron desde el órgano comunal pencón, donde se registraron cerca de 3.500 viviendas afectadas entre Penco y Lirquén.

Por su parte, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, señaló que “la postura del municipio es que se investigue” y manifestó “toda la disposición de colaborar si hay materias que el municipio pueda abordar con los vecinos que vivieron la situación”. El jefe comunal penquista agregó que los resultados del proceso son determinantes para evitar que catástrofes como esta se repitan, en el entendido de que permiten realizar un trabajo preventivo y aplicar las sanciones correspondientes.

Lamentablemente, la dolorosa evidencia de este megaincendio, y otros que hemos sufrido en Biobío, nos obliga a enfrentar una realidad incómoda pero insoslayable, y es que detrás de la gran mayoría de estas tragedias no está la fatalidad de la naturaleza, sino la mano del ser humano, ya sea por negligencia inexcusable o por una abierta y criminal intencionalidad.

En ese sentido, no basta con lamentar las hectáreas quemadas ni con resignarse a una reconstrucción cada vez que ocurre, es urgente transitar de la reacción punitiva a una cultura real de la prevención, endureciendo las fiscalizaciones en las zonas de interfaz urbano-rural y educando a la población. Así, si el origen del fuego es humano, la solución también debe serla y, por ende, esto debe conllevar sanciones.