El fin de obras de Tapusa generó un efecto en cadena de reacciones desde la sociedad civil hasta las instituciones políticas. El Puente Esmeralda, Eje Colón y Puente Perales, de esta forma, se ven totalmente pausados, siendo un problema grande para las comunidades debido a la función de conectividad y los efectos inmediatos que hay junto a materiales de construcción a la deriva que quedaron en plena vía pública.

A esto se suma la situación del proyecto de veredas en el centro de Concepción el que también estaba a cargo de la empresa española. La faena fue abandonada en un 62% de avance, dejando tramos de aceras sin pavimentación.

El municipio penquista, a través del alcalde, Héctor Muñoz, informó que ya realizaron el procedimiento del cobro de una póliza de seguro de 7.800 UF y ahora esperan que lleguen aquellos recursos.

“Lo hicimos de inmediato por todo lo que significaba que la empresa no se declara quiebra y teníamos una complejidad en ese sentido”, dijo Muñoz.

Según indicó el jefe comunal, los recursos de aquella póliza, que alcanza poco más de los $291 millones, serán destinados a obras de mitigación en los sectores afectados por las faenas abandonadas y para el pago de algún tipo de deuda con los trabajadores que eran parte del proyecto.

El jefe comunal abordó el procedimiento que adoptarán como municipio para terminar el mejoramiento de las aceras en el sector norponiente. Cabe destacar que el Gobierno Regional, organismo que financia la iniciativa, ya había transferido cerca de $3 mil millones de los más de $5 mil millones contemplados.

Haciendo énfasis en que las faenas sólo habían alcanzado poco más del 60%, Muñoz dijo que “del delta que queda, esos recursos están disponibles para poder volver a licitar o hacer un trato directo, si corresponde, que es lo que estamos analizando ahora para que la obra se termine”.

Por su parte, el gobernador regional, Sergio Giacaman, comentó que “lo que va a ocurrir, probablemente, es que se va tener que reevaluar el proyecto, porque va a entrar una nueva empresa, y esa empresa, en caso de que el aumento sea más de un 10% -en los costos- , va tener que pasar por el Consejo Regional”.

Pero todo esto pasa a ser un ejemplo de un problema mayor. No es la primera vez, ni menos la más reciente, que empresas que se adjudican recursos públicos abandonan los proyectos, en su mayoría por quiebra.

De ahí interrogantes como qué más puede hacer el Estado para evitar esto. O ver qué consecuencias severas pueden caer sobre las firmas al no cumplir con lo encomendado. El caso Tapusa es solo una muestra de un fenómeno recurrente y que se debería comenzar a evitar.