La Ley de Pesca ha sido uno de los temas nacionales más relevantes de los últimos años. Eso toma mucho más peso en el caso del Biobío al ser esta una de las zonas de alta actividad ya sea industrial o artesanal.

Tras dos años de tramitación, el proyecto entró en una fase más activa, luego del inicio de las votaciones en particular en la Comisión de Pesca de la Cámara Baja.

Ello abrió definiciones relevantes para el diseño final de la ley, mientras gremios, autoridades y comunidades costeras observan con cautela cambios que podrían alterar reglas vigentes desde hace más de una década.

Lo relevante es que se aproxima el recambio en el Congreso Nacional, en marzo. Esto es motivo de interés y preocupación para algunos sectores.

Desde el oficialismo, la diputada por el Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), planteó que parte del estancamiento responde más a decisiones políticas que a dificultades técnicas. A su juicio, ha existido “nula voluntad de algunos congresistas” para avanzar y cerrar definitivamente con la “corrupta ley Longueira”. En ese marco, acusa que la insistencia en revisar el articulado completo terminó siendo una estrategia dilatoria.

Respecto de los plazos, Acevedo admitió que el escenario es estrecho. Si bien comparte el objetivo de acelerar la tramitación, evaluó que “por su complejidad, incluso dándosele urgencia, es muy difícil que vea la luz antes de marzo”, aunque espera al menos que logre superar el primer trámite constitucional antes del recambio parlamentario.

Por su parte, y también desde el Distrito 20, el diputado de la oposición, Roberto Arroyo (PSC), comentó que la tramitación ha sido “lenta y decepcionante”, pese a que la comisión ya ha votado una porción relevante del proyecto. “Ha faltado liderazgo y voluntad política del Gobierno para ordenar el debate y empujar decisiones de fondo”, sostiene, advirtiendo que el sector sigue operando bajo una normativa cuestionada y sin certezas, “especialmente la pesca artesanal”.

Estas próximas semanas serán claves para ver y entender las voluntades políticas. Ver cuál serán los intereses de por medio y si es que existe intención de apurar o retrasar la discusión, en vista de marzo y el cambio parlamentario.