Resulta primordial que más allá del castigo de una norma las personas tomen conciencia del daño que se generan con esas prácticas en las zonas que se quieren proteger de nuestro país.
Nuevamente se plantea como un escenario en que debe ser protagonista la educación ambiental, respecto del respeto y cuidado de las playas de nuestro país.
Recientemente se aprobó, por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, organismo un proyecto de ley que prohibiría el acceso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas de platas, humedales costeros, dunas, entre otras zonas.
Considerando como clave proteger la biodiversidad presente en estos espacios, como es el caso de las aves costeras.
De acuerdo con lo publicado por Diario Concepción y la información del Plan de Acción para la Conservación de las Aves Playeras en Chile del Ministerio del Medio Ambiente se especifica que el tránsito de vehículos motorizados en zonas no habilitadas para ello afecta de manera severa a las aves playeras y sus hábitats. Aquí se incluyen, las motos y vehículos como camionetas, jeeps y otros afectan de manera directa a las aves a través del atropello de individuos adultos, crías o huevos, generando reducción significativa del éxito reproductivo.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron que el proyecto contempla multas para los infractores y, en caso de reincidencia, se podrá aplicar la suspensión de la licencia de conducir por el período de hasta seis meses e inhabilidad para obtenerla por el mismo período.
“Hoy, ver camionetas o motos sobre la arena no solo destruye nidos y ecosistemas frágiles, afectando especies como el pilpilén y el chorlo nevado, sino que también pone en peligro a las personas que disfrutan de estos espacios”, dijo Oscar Reicher, abogado UdeC y especialista en temas ambientales.
“La degradación de dunas y playas impacta negativamente en los servicios ecosistémicos que entregan a las comunidades locales, como la protección frente a marejadas y el atractivo turístico de la zona”, dijo Patricio Ortiz, presidente de la Fundación Bandada.
Sin embargo, más allá de lo positivo que implicaría la vigencia de esta nueva norma, aparece la falta de fiscalización. “Una de las mayores debilidades del sistema chileno de control ambiental es justamente la fiscalización, lo cual ha sido destacado por varios reportes de desempeño ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se requiere dotar al estado de mayores recursos para este ítem, si no es posible, la normativa será letra muerta”, dice Ricardo Barra, director del Centro Eula UdeC.
En este punto como se señala al inicio de esta editorial, resulta primordial que más allá del castigo de una norma las personas tomen conciencia del daño que se generan con esas prácticas en las zonas que se quieren proteger de nuestro país. Cuidemos.