En la historia reciente del país hay evidencia suficiente de las consecuencias de estos siniestros y lo que cuesta volver a poner en pie a las comunidades afectadas.
La llamada Ley de Incendios sigue avanzando en el Congreso. Sin embargo, y a pesar de que el proyecto de ley fue despachado casi en su totalidad a la Cámara Alta, el debate y votación no estuvo exento de críticas entre fuerzas políticas debido a que uno de los artículos más comentados por la opinión pública se viera rechazado por los votos de la oposición: el que buscaba prohibir el cambio del uso de suelo en territorios siniestrados.
Para la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, “nos preocupa que se haya caído la indicación del diputado Ibáñez que prohibía los cambios en el uso de suelo, porque se puede especular con eso y también redunda en que no va a haber una mejor planificación territorial que es lo que se necesita tanto en la Región de Valparaíso como en la del Biobío y otras de nuestro país”.
Pero estas indicaciones podrían volver a sumarse por indicaciones de senadores en la Cámara Alta, o bien, por un veto presidencial; facultades que otorga la Constitución.
Sobre la segunda opción, no se ha dicho nada. Sobre la primera, el senador Van Rysselberghe señaló que “creo que es un aspecto que debe ser estudiado y debatido en su tramitación en el Senado, porque la prohibición total de uso de un terreno puede afectar no sólo a sus dueños, sino que el desarrollo de una serie de oportunidades de desarrollo productivo como la agricultura, la ganadería u otras actividades que son propias de la Región donde ocurra el incendio”.
Por un lado, la propuesta del Ejecutivo busca crear las zonas de interfaz urbano-rural forestal (Ziurf), lo que significa que en los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales se deberán definir e identificar las zonas las áreas de amenaza media, alta o crítica por incendios forestales, con objeto de reducir el riesgo de siniestros.
Asimismo, se busca que en dichos planes reguladores se definan las normas aplicables a las edificaciones y las acciones o medidas destinadas a manejar la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, cuando corresponda.
Además, estas zonas de interfaz urbano-rural presentes en los planes reguladores podrán ser actualizadas de forma periódica dependiendo del aumento o disminución del riesgo de incendios forestales y rurales.
Es importante que en lo que queda de tramitación no queden nudos sueltos, pues en la historia reciente del país hay evidencia suficiente de las consecuencias de estos siniestros y lo que cuesta volver a poner en pie a las comunidades afectadas.