Las preguntas que surgen son varias: ¿podrán venir nuevas discrepancias? o ¿el tipo de supuestos impactos en contra?; y también la frecuencia y reiteración de todo esto.
Desde mayo hasta ahora la Concesionaria Carriel Sur S.A. ha presentado dos discrepancias contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ante el Panel Técnico de Concesiones.
Como lo ha venido informando Diario Concepción, la primera de estas trató de una compensación por US$10 millones, que pedía la empresa, por el impacto económico que sufrió en medio de la pandemia, cuando las medidas más estrictas de desplazamiento generaron una baja en la cantidad de pasajeros, que según la firma fue de un 73% y donde el MOP debía responder por esta merma.
Sin embargo, durante esta semana se conoció que el panel rechazó los argumentos de Carriel Sur S.A. derivando al propio Ministerio el cómo resolver finalmente la exigencia indemnizatoria, lo que no significa que la cartera deba ceder total o parcialmente ante esto.
Pero ahora resta el segundo caso, cuya audiencia pública está fijada para este 18 de agosto. Ahora la S.A. afirma una pérdida por supuestos incumplimientos de contrato en el proceso de revisión de los Proyectos de Ingeniería Definitiva (PID), que de ser acogidos esta vez los medios de prueba, la compensación podría superar los $6 mil millones.
Más allá del legítimo derecho de acudir a las instituciones correspondientes cuando existe la sensación de que no se cumplen las relaciones contractuales, no deja de llamar la atención el breve espacio de tiempo en que se aduce una eventual irresponsabilidad fiscal.
La idea que queda en el ambiente es la de un vínculo marcado por la tensión entre la Sociedad Concesionaria (SC) del terminal aéreo y el mandante de Obras Públicas, el que tras no referirse durante semanas a este tema ahora se pronunció, finalmente, cuando el Panel fue explícito al decir que “el hecho sobreviniente”, como se identifica a la pandemia, “ impactó los ingresos de la SC. Sin embargo, la propuesta formulada por la SC resulta improcedente por los argumentos esgrimidos en el análisis de la recomendación”.
A la espera de esta nueva audiencia, las preguntas que surgen son varias: ¿podrán venir nuevas discrepancias? o ¿el tipo de supuestos impactos en contra?; y también la frecuencia y reiteración de todo esto, cuando todavía quedan cerca de nueve años del contrato vigente entre el Estado y la empresa.