La compleja situación hídrica en Chile puede ser analizada de distintas maneras. Con los número que revelan la sequía, la desertificación y los suelos degradados, pero también — y principalmente — con la realidad de familias que deben subsistir con solo 50 litros de agua por día.
La compleja situación de sequía y escasez hídrica en Chile puede ser interpretada de distintas maneras. Observar las cifras duras es una opción: el 76% de la superficie chilena está afectada por sequía, desertificación y suelo degradado (SudAustral Consulting SpA, 2016), los glaciares estudiados están en retroceso por el cambio climático (DGA), mientras que 110 acuíferos del país se encuentran con una demanda superior a sus capacidades (Ministerio del Interior, 2015). Pero una mirada al impacto en las familias de Biobío entrega otra perspectiva: centenas de hogares en sectores rurales que reciben 50 litros de agua diarios para consumo entre seres humanos, ganado y animales domésticos.
Es un tema complejo también en zonas urbanas en que el suministro de agua se realiza a través de camiones aljibes. Y lo más probable es que los problemas se agudicen con el aumento de la temperatura y una menor caída de agua lluvia. Hace un año, el Lago Laja, mayor embalse natural de Chile, registraba un déficit histórico respecto a su volumen de agua, que son utilizadas para riego y generación eléctrica. Las imágenes del Lago Laja reflotaron el debate sobre los cambios climáticos y la legislación sobre las fuentes de agua potable para el país. Los investigadores han reiterado que el actual modelo de gestión del agua no es sostenible, puesto que considera a este elemento como un recurso económico infinito y transable en el mercado. Como un bien meramente económico, se eliminaron las prioridades en su uso, relegando a un segundo plano las necesidades de las poblaciones humanas.
En Biobío se han realizado diversas iniciativas, encuentros y actividades para impulsar una mejor gestión de los recursos hídricos a través de políticas que entreguen mayor equidad en la distribución del agua. En estas actividades han participado representantes de la academia, de la Convención Constitucional, de la sociedad civil y de gobiernos regionales. El proceso de redacción de una nueva Constitución entrega al país la oportunidad de repensar su estrategia de gestión hídrica. Toda la evidencia científica señala que en fundamental la elaboración de normas, leyes, políticas públicas y programas de gestión del agua con una nueva visión de responsabilidad social y sentido de país.