Las recomendaciones de la Fiscalía se materializaron en un proyecto de ley con tres puntos principales. Es necesario que el proyecto avance en el Congreso y se convierta en ley.
De acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), los distribuidores mayoristas del mercado del gas aumentaron su margen anual de un 35% a un rango de entre 50% y 55%. Lo anterior equivale a US$261 millones anuales de rentabildiad agregada desde 2014 y se ha traducido en un precio adicional de US$181 millones que fueron pagados por los consumidores finales. Según la FNE esto es equivalente a aproximadamente 15% del precio actual de venta al público de cada cilindro de gas licuado.
En palabras simples, hay sospecha de que las empresas de gas en Chile se han coludido para establecer precios y control del mercado. Dicho de una manera más diplomática: el mercado del gas en Chile no está funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva. Y por ello la FNE entregó una serie de recomendaciones que tienen como objetivo dar mayor dinamismo al mercado, lo que se traduciría en una baja de los costos para los consumidores finales.
Las recomendaciones de la Fiscalía se materializaron en un proyecto de ley con tres puntos principales. En primer lugar, se recomienda desintegrar la distribución minorista de la distribución mayorista de GLP. Es decir, prohibir por cualquier vía, ya sea directa o indirecta, la participación de los distribuidores mayoristas en el mercado de distribución minorista de gas licuado. Segundo, establecer una regulación detallada de la forma de funcionamiento del acceso abierto a las redes de transporte de gas natural. Por último, “derogar el artículo 33 quinquies de la Ley de Servicios de Gas y el artículo 12 transitorio de la Ley Nº20.999, junto con agregar una norma, que establezca que el cálculo de rentabilidad considere todo el grupo económico verticalmente integrado”.
Es saludable para el país que la FNE cumpla con su rol y que el mercado sea mejor regulado, puesto que se demostró la concentrada estructura de esa industria y la integración vertical de propiedad del mercado, permitiendo a las empresas controlar tanto la distribución como la comercialización final.
Además, es bastante evidente que existe una asimetría regulatoria si comparamos con otros servicios básicos, como el agua potable, la electricidad y las telecomunicaciones. Es necesario que el proyecto avance en el Congreso y se convierta en ley.