Con la pandemia, y la necesaria utilización de las clases on line, los desafíos de seguridad se agudizaron y prácticas, faltas y delitos como el ciberbullying, grooming y el sexting asumieron un carácter global, que traspasa fronteras, y que puede llegar a generar graves daños no solo menores de edad, sino que a familiares y amigos.
Nueve de cada 10 niños tiene un teléfono móvil aproximadamente desde los diez años y un 57% de estos reconoce jugar en línea con desconocidos, según la última Radiografía Digital, estudio elaborado por empresas de telecomunicaciones en Chile. En otra investigación reciente — Barómetro del Bienestar Digital — un 87% de los encuestados en el rango de 8 a 14 años confía que sus datos se encuentran seguros en internet. Es decir, niñas y niños suelen utilizar diversos tipos de plataformas de videojuegos o redes sociales, además de descargar aplicaciones. Por otro lado, existe una escasa percepción de los peligros a los cuales están expuestos niñas, niños y adolescentes.
Con la pandemia, y la necesaria utilización de las clases on line, los desafíos de seguridad se agudizaron y prácticas, faltas y delitos como el ciberbullying, grooming y el sexting asumieron un carácter global, que traspasa fronteras, y que puede llegar a generar graves daños no solo menores de edad, sino que a familiares y amigos.
Estos problemas no están localizados en niñas, niños y adolescentes, sino que afectan también a adultos, empresas y otras organizaciones, puesto que hay personas que están dedicadas a perfeccionar los métodos para vulnerar las barreras de seguridad. Los ataques por internet pueden perseguir beneficios económicos. El caso más recordado fue el que afectó al Banco de Chile en 2018, generando la pérdida de 10 millones de dólares. Si los ciberdelincuentes han logrado traspasar la seguridad de instituciones de esta magnitud, debería preocuparnos la hiperconectividad a que están expuestos los más jóvenes, quienes no tienen los conocimientos y recursos para defenderse.
Los establecimientos educacionales han fijado sus reglamentos, las acciones que pueden constituir acoso cibernético y otras que son constitutivas de maltrato virtual para, de ser necesario, activar los protocolos correspondientes. En el Congreso tramitan proyectos de ley que buscan sancionar a los ciberdelincuentes, además de impulsar protocolos preventivos de estas conductas y medidas reparatorias para las víctimas y familiares. Sin embargo, ninguna ley, reglamento o protocolo reemplazará el cuidado al interior de cada familia para reforzar la seguridad en el uso de internet y las redes sociales.