De 2016 a 2019 casi la mitad de las denuncias ingresadas a la Superintendencia del Medio Ambiente no evolucionó en algún tipo de gestión del organismo. Faltan recursos para hacer cumplir la ley.
Un informe reciente de Contraloría revela algunos problemas relativos a la institucionalidad ambiental en Chile. Según el documento, que fue entregado a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, el 44,22% de las denuncias ingresadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no evolucionó en algún tipo de gestión del organismo. Es decir, no hubo solicitud de fiscalización ambiental ni tampoco un procedimiento sancionatorio o su archivo por falta de mérito.
De acuerdo con la autoridad del SMA, no hay fiscalizadores para un universo tan amplio de empresas: desde mineras a pequeños negocios de barrio distribuidos por todo el país. Son alrededor de 17 mil instalaciones con alguna obligación ambiental, y para desarrollar un servicio oportuno para las denuncias se requieren 290 personas adicionales a la actual planta de fiscalizadores de la Superintendencia.
Lo anterior refleja la disonancia entre la normativa y los recursos para hacer cumplir lo que determina tal normativa. Con una rebaja de 7% en su presupuesto este año, lo más probable es que la SMA tendrá dificultades para gestionar la inmensa cantidad de denuncias que emanan desde la ciudadanía. De hecho, en 2021 se ha registrado un 50% más de denuncias que el promedio histórico. Más denuncias para gestionar y menos recursos no configuran la combinación adecuada para la entrega de un servicio de excelencia en materia ambiental.
Es cierto que la SMA cuenta con tres modalidades para hacer cumplir las fiscalizaciones: a través de sus propios funcionarios, a través de los organismos sectoriales y mediante terceros debidamente acreditados y autorizados por la Superintendencia. No obstante, todo indica que los organismos sectoriales y terceros acreditados tampoco han sido suficientes para tramitar las denuncias, que por lo mismo se acumulan en la Superintendencia.
Son evidentes los avances en materia de fiscalización y cumplimiento ambiental a raíz de la modernización de la institucionalidad en 2012. Razón por la cual es necesario fortalecer las instituciones ambientales en los ámbitos nacional y regional, como también los marcos normativos para mejorar la salud ambiental del país, que además debe cumplir los compromisos internacionales derivados del cambio climático.