Es la sociedad la que debe - a través del gobierno de turno - impulsar las medidas para proteger a los niños y niñas contra abusos y violencia dentro de sus familias, en la calles y espacios públicos, en colegios e instituciones.
Cada vez que un niño o niña sufre algún tipo de violencia, toda la sociedad está involucrada. No es un asunto privado. El país ha lamentado los casos de maltrato y hasta la muerte de niños, niñas y adolescente víctimas de la violencia de familiares o personas de su entorno inmediato. Y toda vez que ocurre, entonces la sociedad recuerda – o al menos debería recordar – que tiene el deber de brindar protección y buena infancia.
Algunos números entregan un poco de perspectiva sobre lo anterior. En América Latina, 6 millones de niñas y niños son agredidos severamente por sus padres o familiares, y 85 mil mueren cada año como consecuencia de estos castigos. Datos de la Unicef.
En Chile, siete de cada 10 niños y niñas sufre violencia física o sicológica de parte de sus padres o parientes. Cinco de 10 recibe castigos físicos y dos de cada 10 sufre violencia sicológica. Según los estudios de la Unicef, solo uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes nunca ha vivido situaciones de violencia por parte de sus padres.
Es decir, las situaciones de maltratos físicos y verbales están normalizados y hasta percibidos como herramientas educadoras por buena parte de la población. Si al interior de una familia se utiliza la violencia para resolver los conflictos, qué se puede esperar cuando adultos desconocidos se enfrentan en el tránsito, en disputas deportivas, o en otras situaciones de estrés.
Es cierto que el Estado tiene responsabilidad en prevenir la violencia contra niños y niñas, que tiene el deber de crear políticas, aplicar las leyes y aportar recursos. Pero la sociedad en su conjunto tiene la gran cuota de deber, compromiso y obligación con la infancia. Es la sociedad la que debe – a través del gobierno de turno – impulsar las medidas para promover formas positivas de educación y disciplina, y para proteger a los niños y niñas contra abusos y violencia dentro de sus familias, en la calles y espacios públicos, en colegios e instituciones.
La violencia contra niños y niñas no es un asunto privado, y es necesario llevarla a la atención del público. Con el respeto que el asunto y las víctimas se merecen, sin explotación del morbo, y sin encubrir los hechos que condonan la violencia. No hacerlo, sería aceptar que toda la sociedad ha aceptado el “Schadenfreude”, concepto que define el placer por el sufrimiento de otro ser humano.