Se hace necesario que se impulsen proyectos de ley que entreguen más responsabilidades a emisores de los instrumentos financieros, y para evitar que empresas utilicen información privilegiada con el fin de obtener beneficios económicos.
Cada cierto tiempo el país se entera de nuevos casos de clonación de tarjetas bancarias, suplantación de identidad y fraudes financieros en contra de individuos y organizaciones. El Sernac lanzó esta semana una alerta por el preocupante incremento de estos delitos, que alcanzaron un récord histórico, especialmente en casos de clonación y suplantación de tarjetas de crédito. Sólo en enero se contabilizaron casi un tercio del total de delitos ocurrido en todo el 2020.
Estos hechos afectan la buena fe de la ciudadanía, la economía del país y la responsabilidad de las instituciones involucradas. Se produce un malestar en la opinión pública ante hechos y acciones indebidas. Lo mismo ocurre cuando salen a la luz pública los episodios de colusión, coimas y malversación de dineros del fisco. Así fue con los casos de colusión de grandes empresas, con lo sucedido en el Ministerio de Educación en el caso de las subvenciones educacionales, en el Ministerio de Obras Públicas con el episodio de los altos sueldos, las anomalías en el Ministerio de la Vivienda, en el Registro Civil y muchos otros ejemplos que restaron credibilidad a personas y organizaciones.
Respecto a medios de pago y cuentas bancarias, varios proyectos de ley han buscado perfeccionar el sistema, además de atribuir mayor responsabilidad a los emisores de instrumentos financieros. En el caso de la banca y cooperativas de crédito, existe un notorio incremento de las inversiones en seguridad. Sin embargo, estas inversiones no van en línea con el avance del sistema financiero para ofrecer créditos y sistemas de pago. La banca ha aumentado el esfuerzo y los recursos, pero todavía en porcentaje bastante inferior a países desarrollados, mientras que las herramientas de crédito y pago, en Chile, son de los más avanzados del mundo. Esa asimetría debe ser corregida.
Se hace necesario que se impulsen proyectos de ley orientados a entregar más responsabilidades a los emisores de instrumentos financieros. En esa misma línea, se requiere herramientas legislativas para evitar que empresas utilicen información privilegiada con el fin de obtener beneficios económicos, pago de coimas y otros ilícitos. Prácticas que en muchos casos se han convertido en pérdida de la fuente laboral para los trabajadores. En tal escenario, conviene recordar: el financiamiento de las campañas electorales puede generar incentivos a conocidas malas prácticas y, en algunos casos, a delitos.