Es probable que muy pocas interrogantes tengan una respuesta común, en particular, si se efectúa fuera de la Región Metropolitana donde habita e interactúa el poder político; si se efectúa en la provincia, en territorios donde el desarrollo ha sido esquivo y, en muchos casos, siguen dependiendo de camiones aljibes para contar con agua potable.
¿Y si hubiera ocurrido en Santiago? Esa es la interrogante que, probablemente, muchos vecinos de Talcahuano se deben estar realizando tras el accidente que dejó inhabilitado el Puente Perales y, de paso, generó menoscabo en la calidad de vida de quienes a diario transitan la Autopista que une la comuna de puerto y Concepción, debiendo soportar varios minutos (¿horas?) de espera en medio de la congestión vehicular.
Ese cuestionamiento también fue explicitado por autoridades políticas como el diputado oficialista, Sergio Bobadilla, quien tras conocer que la solución definitiva estará el 2025, según declaraciones del subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, dijo que “no creo razonable que autoridades lleguen a la zona para anunciar que la solución a un gran problema vial será en cinco años más. Sólo demuestra el lamentable centralismo extremo que vivimos”.
En una de las últimas actividades públicas del ahora exintendente, Sergio Giacaman, Leturia reconoció que será un “mes difícil, con la vialidad completamente en situaciones anormales”, considerando que la solución provisoria, la instalación de un puente mecano, estará en un mes más.
¿Y si hubiera ocurrido en Santiago, la solución definitiva se concretaría en 2025? ¿Tendríamos que esperar más de una década para terminar un puente que todavía llega a “ninguna parte”? ¿Seguirían desfilando autoridades en la provincia de Arauco sin ahondar en soluciones a un conflicto social histórico?
Son muchas las interrogantes que vuelven a surgir en el inicio de una semana que puede ser clave en el fortalecimiento de las regiones, pues concluye que con una inédita primaria de gobernadores regionales, cargo que no solucionará mágicamente los problemas, pero puede contribuir a consolidar un proceso de descentralización anhelado, por quienes viven y luchan en los territorios. Un proceso que puede ayudar a terminar con la incómoda pregunta: ¿Y si hubiera ocurrido en Santiago?