Si tales pruebas existen y fueron requisitadas por el Ministerio Público, no es prudente que el Gobierno trate de obstaculizar las investigaciones negándose a la entrega de dichos medios de comprobación.
En una decisión muy cuestionable, el Presidente Sebastián Piñera solicitó a la Corte Suprema desestimar la incautación de correos electrónicos del Ministerio de Salud. Ello a raíz de una petición de la Fiscalía Centro Norte, que investiga eventuales delitos en la gestión de la pandemia en Chile.
La acción del jefe de Estado coincide con la posición del ministro de Salud, Enrique Paris, quien negó la entrega de documentos solicitados por el Ministerio Público con el argumento de que dicha información podría comprometer la seguridad nacional. Estas dos acciones buscan entregar respaldo cerrado al ex titular del Minsal, Jaime Mañalich, acusado de manipular los datos referentes a contagios por coronavirus.
De hecho, una exfuncionaria de Epidemiología acusó manipulación de datos en el conteo de personas contagiadas y fallecidas por la Covid-19. Según la información entregada a la Fiscalía, habría diferencia entre las cifras manejadas de forma interna por el Minsal versus las informadas al país. En su declaración al Ministerio Público, la exfuncionaria señaló que hubo solicitud para que se ajustaran los datos epidemiológicos a lo que se entregaba como cifras oficiales.
En la misma línea, la jefa de planificación Sanitaria del Ministerio de Salud se sumó a la declaración ante la Fiscalía, indicando que hubo una manipulación de las cifras de contagios de Covid-19 durante la gestión de Jaime Mañalich.
Una de dos: las funcionarias entregan información falsa a la Fiscalía, cometen un delito de falso testimonio y deberán asumir las acciones penales, o están en lo cierto y tienen pruebas de lo que afirman. Es ahí que los correos electrónicos y demás pruebas podrían confirmar o desmentir la veracidad de las acusaciones. Ambas funcionarias entregaron testimonios afirmando que los informes que hacían debían ajustarse a los reportes dados por Mañalich.
Si tales pruebas existen y fueron requisitadas por el Ministerio Público, no es prudente que el Gobierno trate de obstaculizar las investigaciones negándose a la entrega de dichos medios de comprobación. El Gobierno quedaría bajo sospecha por las dudas respecto a su gestión de la pandemia, y pondría una nube de duda sobre la seriedad de Chile al entregar cifras en el concierto internacional.