Surge la inquietud si existe la real intención de fortalecer territorios o sólo se trata de llamativos eslóganes que buscan la adhesión de determinados grupos.
En los últimas semanas se han suscitado varias informaciones políticas relacionadas con la entrega de mayores atribuciones a las regiones y sobre delegar poder. En definitiva, sobre el proceso de descentralización. Lo lamentable es que en todas ellas ha quedado en evidencia que no existe mucho interés por avanzar en la materia.
Un tema que ya hemos analizado en este espacio, es el término de las inhabilidades para que determinadas autoridades puedan postular a otros cargos. Se trata de una medida que buscaba igualar las opciones de los consejeros regionales con el resto de las autoridades, pues los representantes del Core son los únicos que tienen que renunciar un año antes a su cargo en caso de querer competir en una elección municipal o parlamentarios. No obstante, se abrió una puerta para dar opciones a quienes habían quedado fuera de carrera con la recién promulgada ley que limitaba la reelección. Mala señal, pues se corre del riesgo de seguir perpetuando a los mismos.
A ello se suma, la definición de algunos partidos políticos, la mayoría, de desechar la opción de primarias. Claro, si bien se entiende que las condiciones en medio de la crisis sanitaria no son las mejores, no es menos cierto que se coarta al ciudadano común de poder elegir a sus candidatos.
Y, en medio de la polémica que “enfrentó” al intendente Sergio Giacaman, con el Ministerio de Salud por la aplicación de la medida “Fondéate en casa” en comunas con cuarentena, quedó en evidencia que poco y nada se ha avanzado en iniciativas que fortalecen la autonomía regional: la Ley Corta y la Ley de Rentas Regionales.
La primera, que entregaría mayores atribuciones a los futuros gobernadores regionales, surgió como consecuencia de una comisión técnica convocada por el Presidente Sebastián Piñera, en junio del año pasado. Las conclusiones fueron dadas a conocer el 18 de octubre, sí, el día del inicio del estallido social. Desde entonces, no ha habido avances. La segunda iniciativa, que debió ser ingresada por el Ejecutivo al Congreso a fines de diciembre, a propósito de acuerdo con la bancada parlamentaria de la DC, también sigue esperando.
Entonces, surge la inquietud si existe la real intención de fortalecer territorios o sólo se trata de llamativos slogan que buscan la adhesión de determinados grupos. Ad portas de nuevos comicios, habrá que estar atentos.