Editorial

La (des)protección a la infancia

No hace mucho, el Ejecutivo vetó proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ya aprobado por el Congreso. Es cuestión de tiempo para que los medios vuelvan a mostrar la peor cara del maltrato a la infancia.

Por: Editorial Diario Concepción 09 de Agosto 2020
Fotografía: Archivo | Pixabay

Ante el horroroso crimen cometido en contra de Ambar Cornejo, un conmocionado país retoma el debate sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile. ¿Quién o qué falló para llegar a ese atroz desenlace que terminó con la vida de la joven de 16 años? ¿La familia, el Estado, el sistema de Justicia, los servicios asistenciales, los jueces que otorgaron libertad condicional al acusado?

Entre las respuestas posibles: la ausencia de una ley de garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una normativa que tramita desde 2015 en el Congreso y que considera políticas, instituciones y normas que se requieren para respetar, promover, proteger y hacer cumplir tales derechos. Es decir, una ley que considere a la niñez y adolescencia como sujetos de derechos, y no solamente como beneficiarios de protección.

Ese cambio conceptual le da un giro en como se trata, por ejemplo, a niños y niñas considerados en “riesgo social” y que han cometido algún delito. Las residencias de acogida están orientadas en la protección, pero la masividad de niños y niñas en estos hogares no siempre favorece el buen trato sino que, al contrario, entrega incentivos para los abusos.

El inicio de una política estatal orientada hacia la infancia en “riesgo social” comenzó en 1912, con la ley de protección a la infancia desvalida, la primera que se promulgó para entregar soluciones al abandono paterno, el abuso de menores y algunas formas de explotación.

A partir de ahí, los niños y niñas que eran recogidos en la calle pasaron a ser enviados a casas correccionales. Hubo más ajustes en la ley de menores de 1928, período de creación de los Tribunales de Menores, y en 1967 se aprobó nueva ley con algunos cambios en la institucionalidad, incluyendo la creación de la Policía de Menores. En palabras simples, la normativa ha tenido una orientación de tutela por parte del Estado en materias de reeducación a los niños y niñas en riesgo social y a los infractores de ley que tuvieran posibilidades de readaptación social.

Hoy día este modelo cuestionado por la actual doctrina de derechos del niño. No hace mucho el Ejecutivo vetó proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ya aprobado por el Congreso, y que entrega mayores atribuciones de fiscalización, prevención establecimiento de claras responsabilidades en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es cuestión de tiempo para que los medios vuelvan a mostrar la peor cara del maltrato a la infancia.

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