La aprobación de la ley de retiro del 10% de los fondos de las AFP y el veto a la ley de servicios básicos deberían servir como señalética para el camino que se debe transitar en los próximos dos años.
El Presidente Sebastián Piñera tendrá mañana una gran oportunidad. En la tradicional Cuenta Pública ante el Legislativo, con toda seguridad el Mandatario entregará al país un repaso de las políticas implementadas por su gobierno durante el último año. Pero además se espera -y esa es su oportunidad- que ofrezca una visión de futuro alineada con el Chile que ha emergido desde el estallido social de 2019.
Los eventos que comenzaron en octubre instalaron una nueva agenda, con grandes consecuencias políticas, sociales y económicas. Una agenda que pide cambios y que ha obligado a los distintos representantes políticos a abandonar la narrativa de que “se está ante un poderoso enemigo” y que se “está en guerra con él”, palabras del Mandatario. La oleada de protestas masivas a lo largo del país tuvo la adhesión de todos los grupos etarios y estratos sociales, obligando al gobierno a reestructurar parte de su agenda para incorporar materias como la reforma al sistema de pensiones, protección al empleo, ingreso mínimo garantizado, protección al consumidor, entre otros. Las necesidades de la ciudadanía fueron expresadas de distintas maneras en todo el territorio nacional.
Con la llegada del coronavirus a Chile, desde La Moneda se impulsó un paquete de medidas sobre pensiones, salud y medicamentos, disminución de tarifas eléctricas, impuestos para los sectores de mayores ingresos, reducción de la dieta parlamentaria y plan de reconstrucción. Todas estas iniciativas fueron demandadas por la ciudadanía. La histórica aprobación del retiro de 10% de los fondos de pensiones, que fue rechazado por el Gobierno hasta el último momento, fue igualmente una petición reiterada en forma transversal por la sociedad.
Así, el Presidente de la República y su reformado gabinete tienen la posibilidad de entregar al país una carta de navegación que considere la gestión y superación de la pandemia, como también las directrices para la reactivación económica. En definitiva, se espera que el Gobierno central reafirme su compromiso con una agenda que incluya los cambios solicitados por la ciudadanía. La aprobación de la ley de retiro del 10% de los fondos de las AFP y el veto a la ley de servicios básicos deberían ser una señalética para el camino que se debe transitar en los próximos dos años.