La ciudadanía parece haber encontrado una manera de hacer sentir su voz ante hechos que carecen de toda lógica de justicia.
El miércoles recién pasado, en medio de la discusión parlamentaria y la atención de millones de chilenos y chilenas en torno al retiro del 10% de los fondos previsionales por parte de los afiliados a las AFP, la opinión pública se enteraba impactada de que el juez Federico Gutiérrez en Temuco rechazaba la prisión preventiva para Martín Pradenas, imputado por la violación a Antonia Barra.
El anunció generó una reacción masiva y en cadena en muchos lugares del país, como Temuco, Concepción y Santiago, donde grupos de mujeres, principalmente, salieron a las calles a protestar contra la medida.
La indignación expresada en marchas, caceroleos e, incluso, manifestaciones en otras partes del mundo, al día siguiente se transformó en ataques a la casa del cuestionado juez y también a la de los padres del acusado. Tras todo ello, el viernes, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco acogió los recursos de la Fiscalía, revirtiendo la medida de arresto domiciliario por prisión preventiva, decisión que significó la reclusión de Martín Pradenas la noche del viernes 24 de julio.
La ciudadanía parece haber encontrado una manera de hacer sentir su voz ante hechos que carecen de toda lógica de justicia, mediante masivas expresiones de rechazo en redes sociales, protestas y marchas en diferentes centros urbanos y la difusión de una frase que refleja plenamente el sentir de la mujer en Chile: el imputado no es un peligro para la sociedad, sólo lo es para las mujeres.
Tanto la ley del retiro del 10% de los fondos previsionales que permitirá a la clase media enfrentar los graves efectos económicos producidos por la pandemia, como lo dictaminado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco muestran a una población capaz de ejercer un poder ciudadano radicado, básicamente, en la presión ejercida hacia sus autoridades y representantes.
Dado que existe consenso en que el país requerirá profundos cambios después del estallido social y de los efectos sociales y económicos generados por la pandemia, las señales de participación y observación de miles de chilenas y chilenos en el ejercicio de los distintos poderes del país, a pocos meses del plebiscito que definirá la posibilidad de una nueva constitución, indican un camino posible.