Chile es el segundo país con más probabilidad de que una persona del tercer quintil, clase media-media, retroceda al segundo, mediabaja. Igualmente el 25% del grupo clasificado como vulnerable está en riesgo de descender al primer quintil, esto es, pobreza.
El principal problema de la clase media chilena consiste en que nadie parece saber de qué se trata, dónde empieza y termina, quiénes califican para pertenecer a ese colectivo y con cuáles calificaciones, por lo tanto, en tal esencial diversidad y heterogénea composición, las medidas que se adopten para atender sus requerimientos tendrán un efecto impredecible. Por ello, la primera tarea, antes de proponer medidas que favorezcan a la clase media, es dejar en claro de quiénes y de cuántos estamos hablando.
La definición más sencilla sería incorporar en este grupo a todas aquellas familias con ingresos alrededor del promedio, pero este procedimiento no es adecuado, porque ese promedio en Chile supera apenas la línea de pobreza. La realidad muestra, entonces, que un gran conjunto de personas dentro de los sectores medios se encuentra, sin declararlo, en situación de vulnerabilidad. Para los sociólogos, forma parte de nuestra idiosincrasia considerarse dentro de la clase media, ante la complejidad de declararse pobre o la imposibilidad de declararse rico.
Según los datos de Casen 2017, el 65,4% de la población del país pertenece a la clase media. Así, se encuentran en ese elástico compartimento casi dos tercios de la población, encasillamiento insuficiente si se considera que las condiciones de vida muestran grupos de esta clase social con diferentes realidades en distintos ámbitos. En una subdivisión de ese colectivo, un 10,2% se ubica en el estrato superior, mediaalta, con ingresos de $1.878.062 a 2.504.083, por hogar de cuatro personas, es decir, de 4.5 a 6 veces más por sobre la línea de la pobreza. Otro grupo, el grupo medio-medio, alcanza un 26,7% de la clase media, con ingresos entre 3 y 4.5 veces más sobre la línea de la pobreza. Finalmente, un tercer subgrupo, de clase media-baja, el más numeroso con un 63,1% del total, con un ingreso de $1.152.041, tres veces más sobre la línea de la pobreza.
Respecto del total de hogares del país, este último grupo representa el 42,5%, uno de los más susceptibles de perder su posición y el más extenso de la población, lo que igualmente sucede con el grupo vulnerable, que representa el 15,9% de los hogares. Así, sumados, el 58,4% de los hogares chilenos corre peligro de retroceder socioeconómicamente ante un evento inesperado. En el contexto de la OCDE, Chile es el segundo país con más probabilidad de que una persona del tercer quintil, clase media-media, retroceda al segundo, media-baja. Igualmente el 25% del grupo clasificado como vulnerable está en riesgo de descender al primer quintil, esto es, pobreza.
En consecuencia, no resulta para nada sorprendente que vastos sectores de la numerosa clase media chilena, que aspira a una mejor calidad de vida, se encuentren en permanente estado de alarma, mientras muchos de sus integrantes más jóvenes ven el futuro con preocupación, al solo observar la calidad de vida de las personas mayores que se relacionan con ellos. Se sienten, básicamente, desprotegidos y no forman parte de ninguna selección para ayuda alguna, ya que el Estado utiliza, como elemento definitorio para entregar soporte social, cifras que distan mucho de reflejar riqueza. En el fondo, una prueba más de la reiterada letra pequeña que subyace en programas de apoyo que, en la práctica, se aplican a grupos relativamente pequeños de la sociedad.
Por lo anterior, resulta conveniente que los nuevos estudios sobre los ingresos de los chilenos y chilenas deben considerar nuevas tablas de cálculo para determinar los reales porcentajes de fragilidad y vulnerabilidad de las familias de nuestro país. El Estado tiene la obligación de revisar de modo realista la situación de estos ciudadanos, olvidados y postergados, más allá de las declaraciones políticamente correctas.