Ante la magnitud de los eventos de vandalismo, por primera vez desde el inicio de las movilizaciones, ha habido un categórico rechazo de todos los sectores oficialistas y de oposición a los hechos de violencia.
Latinbarómetro, después de aplicar su encuesta anual de opinión pública, que involucra unas 20.000 entrevistas en 18 países latinoamericanos, las que representan a unos 600 millones de personas, describe en la Región un importante aumento de la violencia, caracterizada como más dañina y más frecuente. Sin duda, ello constituye un aumento de la percepción de la violencia asociada con mayor daño hacia la sociedad.
En términos generales, se observa un aumento, especialmente en violencia intrafamiliar, hacia las mujeres y los niños, con un 64% y 63%, respectivamente. Por su parte, el acoso escolar aumenta notablemente de un 37% en 2016 a un 49% en 2018; asimismo, la violencia de Estado también se incrementa de manera importante de un 36% a un 42%, en tanto la violencia verbal se eleva de un 36% a un 39% en el mismo período. Así, la organización concluye que este fenómeno es percibido cada vez de forma más clara por parte de las comunidades.
En este contexto, nuestro país ha aportado lo suyo en las últimas semanas con episodios de violencia que han provocado enormes daños a la infraestructura y a los bienes de las personas, así como graves violaciones de los DD.HH. de las personas como resultado de la acción de agentes del Estado, tanto en el control de las justas protestas ciudadanas como al intentar contener las acciones delictivas de inusitada duración y fuerza. Así, la jornada de paro nacional, convocada por diversos sectores, hace poco más de una semana, fue una de las más complejas desde el estallido de las protestas sociales el pasado 18 de octubre, según Carabineros, no sólo por los numerosos incidentes, más de 398, sino también alto número de lesionados, 341, en total.
En un lamentable balance, según el Indh, al 6 de noviembre ya había 5.012 personas detenidas, 1.708 heridos de distinta gravedad, 22 muertos, cinco de ellos por acción directa de agentes del Estado. Además, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos y, de acuerdo con los testimonios recogidos por los profesionales del Instituto, los detenidos acusan uso desmedido de la fuerza al momento de la detención.
A su vez, ante la magnitud de los eventos de vandalismo, por primera vez desde el inicio de las movilizaciones, ha habido un categórico rechazo de todos los sectores oficialistas y de oposición a los hechos de violencia. La diputada Camila Vallejo del Partido Comunista señaló “no sé si detrás de los incendios y saqueos hay ultraderechistas, ultraizquierdistas o sólo rabia desatada, pero la condenamos sin matices”. Para el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, “La contribución que podemos hacer todos a la paz es que hagamos las reformas sociales y tengamos un itinerario constitucional. De esa manera, vamos a aislar a los violentistas. De modo parecido, el presidente de la DC, Fuad Chahin, planteó que “nadie, ninguno de nosotros como políticos ni los actores sociales, pueden quedar indiferentes ante la violencia”.
En este marco de todavía muchas convulsiones sociales, mientras la propuesta de un plebiscito para cambiar la Carta Magna no logre estabilizarse completamente, será responsabilidad de todos los sectores buscar los mejores caminos para que prime la paz ciudadana.