Las autoridades regionales tienen una oportunidad histórica de mostrar sus competencias y salir al paso de las reservas a las capacidades locales para resolver asuntos complejos. Se trata de emplear el conocimiento del tejido social de la Región y contribuir, con fuerza propia, a dar respuesta a las demandas que las manifestaciones han puesto en evidencia.
El estado de madurez alcanzado por la iniciativa de buscar en las bases ciudadanas las directrices de lo que debieran tener las nuevas políticas de Estado, se ha puesto de manifiesto al observar las numerosas y participativas agrupaciones de la ciudadanía, en relación a las demandas puestas masiva y pacíficamente en la calle. Cabildos en diversos colectivos, ya establecidos o convocados al efecto, dan testimonio del interés por hacerse partícipe de un proyecto para el país, que requiere ser conducido con lealtad e incondicional fidelidad a las ideas e intenciones de los participantes, de manera de disponer así de una base confiable para las sucesivas tomas de decisiones.
Para concretar los avances esperados por la ciudadanía, es necesario identificar con claridad los interlocutores, de tal modo que en los diálogos participen todas las voces, sobre todo las más representativas, la de los grandes colectivos que han estado trabajando por mucho tiempo en la identificación de las aspiraciones de las comunidades. En nuestra región, resultan particularmente relevantes las propuestas de Corbiobío.
La visión de esta corporación, en una sustantiva presentación que será llevada al Parlamento, expone su visión en cuanto al futuro regional, desde los más diversos ámbitos. Una instancia particularmente interesante, ya que se trata justamente del tipo de asuntos que interesa al común de la ciudadanía y que contiene muchas de las demandas que la gran movilización nacional ha puesto irreversiblemente en la agenda. Su proyección, desde esta parte del país, es la insistencia argumentada de la descentralización; de esa manera se plantea un Chile unitario, pero que contempla la existencia de estados regionales descentralizados.
Se propone la evaluación de un Plan Piloto de Descentralización, que sirva, mediante su puesta en marcha, para corregir aquellos aspectos que la experiencia muestre como mejorables y así poder replicarlo en otros ámbitos del desarrollo regional. La descentralización planteada requiere modificar el Sistema Nacional de Inversiones, incorporando como criterio las brechas de desarrollo como variable principal de evaluación económicosocial, un criterio que abarca también la posibilidad de conformar macroregiones para enfrentar desafíos comunes.
Si bien es cierto ya está vigente la ley que contempla la elección de Gobernadores, se hace imperioso avanzar en la descentralización política, que consiste en dotar a gobiernos regionales de facultades y medios de administración, transfiriéndoles competencias efectivas, en todas las materias que les son propias. Un aspecto que inexcusablemente ha sido postergado, cuando sin él las elecciones de nuevas autoridades no tienen sentido definido y más aún, no permiten establecer el perfil de los candidatos, toda vez que no se ha determinado los atributos del cargo.
Sin embargo, las actuales autoridades regionales tienen una oportunidad histórica de mostrar sus competencias y, del mismo modo, salir al paso de las reservas con respecto a las capacidades locales para resolver asuntos complejos. Se trata de emplear el mejor y más cercano conocimiento del tejido social de la Región y contribuir, con fuerza propia, a dar respuesta a las demandas que las manifestaciones han puesto en evidencia, iniciativas que aporten y que abran un nuevo frente para hacer más justo nuestro país.