Resulta entonces llamativo que, por parte del gobierno, no exista previamente la voluntad de convocar a los actores locales para mejor decidir y esto tenga que hacerse, a base de presiones políticas, una vez que las determinaciones han sido adoptadas.
La rutinaria rogativa por una adecuada asignación de recursos para las regiones ha sido parte de nuestra historia desde el momento mismo que la capital de Chile se entronizó como la poseedora del poder de decisión sobre lo que podría ocurrir en el resto del territorio nacional, país definido por la Constitución como unitario.
En el artículo tercero de nuestra carta magna, queda explícito hasta donde se hace verdad el espíritu de la legislación; “La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada”, a mayor abundamiento continúa expresando; “Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”. La simple lectura de este artículo constitucional ahorra mayores comentarios, ya que resulta evidente la manifiesta inequidad y renuencia del apoyo a las regiones.
En un nuevo y nada de inédito capítulo de esta suerte de rito anual, se ha conocido la partida del proyecto de Ley de Presupuesto 2020, la cual asigna, para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región del Bío Bío, el monto de $81 mil 505 millones, bastante lejos de los $128 mil millones que, en su momento, había solicitado el Intendente regional al nivel central. Aunque se ha argumentado que la cifra es casi 11% mayor que los recursos asignados el año pasado, hay disconformidad por varias razones, entre ellas el aparentemente nulo impacto de los estudios de respaldo hechos por los grupos técnicos regionales para solicitar mayor financiamiento.
Afortunadamente, la situación ha logrado aunar a parlamentarios de diversas tiendas, con el objeto de revertir, en parte, la decisión central tomada, que va en claro desmedro del desarrollo de proyectos e iniciativas pendientes de bien común. Resulta entonces llamativo que, por parte del gobierno, no exista previamente la voluntad de convocar a los actores locales para mejor decidir y esto tenga que hacerse, a base de trabajosas presiones políticas una vez que las determinaciones han sido adoptadas.
Los esfuerzos ex post del intendente regional han resultado en suplementos a las cifras originales, pero se mantiene en situación de falta de transparencia la manera como el presupuesto es determinado, la suma de factores que son considerados como base para los cálculos y el peso específico o ponderación de cada uno de ellos. Es este un aspecto central en el proceso, si las varas de medida no son claras, conocidas y compartidas, las resoluciones que se adopten con esa herramienta tienen toda la posibilidad de ser consideradas arbitrarias e incluso injustas.
El cabal conocimiento de ese conjunto de factores, descrito como un polinomio, es indispensable para entender cómo se procede, los parlamentarios declaran que estos factores, como podrían ser los porcentajes de pobreza, la densidad poblacional y muchos otros, no son conocidos y por tanto de difícil contrargumentación.
Nada de lo anterior debería suceder si existiera voluntad política de avanzar en descentralización, de cumplir con el mandato de la Constitución, en este asunto particularmente, poder poner sobre la mesa los datos duros, los hechos reales y objetivos, y establecer consensuadamente las prioridades que corresponda, con la participación informada y desde el principio de los actores locales, como un derecho y no por gracia.