Hay un compromiso explícito; el de adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile.
La situación de los niños chilenos vulnerables dista todavía mucho de ser satisfactoria, a ese respecto las noticias no dejan de ser abrumadoras, malas y repetidas noticias, que, por un lado, delatan insuficiente capacidad de gestión para llevar adelante en buena y satisfactoria forma las encendidas declaraciones de absoluta prioridad en sucesivos gobiernos y, por otro, la indudable complejidad del problema y la larga y arrastrada deuda con ese segmento de la población.
No hay pausa en la denuncia de nuevos casos, hace pocos días, se informó que habían sido Internados en los hospitales de Coronel y Concepción dos imputados, ambos menores de edad, apuñalados en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC), a inicios de la presente semana, uno con neumotórax y otro con fisura cardíaca, ambos, afortunadamente, sin riesgo vital. La declaración de la directora regional del Servicio Nacional de Menores (Sename), es suficiente para dimensionar la magnitud de esta situación; “el centro ha enfrentado hartos incidentes en el último tiempo. El año pasado había entre nueve a 10 eventos críticos al mes y, en lo que llevamos del año, ha disminuido a un promedio de tres a cuatro, aunque no nos conformamos con eso”.
Hace pocos días, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, entidad que se espera reemplace con ventajas el actual y horizontalmente cuestionado Sename. Un proyecto que, se declara, tiene su centro en el bien superior de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
La institución se crea como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, sujeto al Sistema de Alta Dirección Pública, declara como objetivo la protección especializada de niños, niñas y adolescentes, entendido como el diagnóstico, la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados debido a abuso sexual, maltrato en cualquiera de sus formas, explotación sexual o laboral, negligencia grave o abandono y la reparación de sus eventuales consecuencias.
Hay un compromiso explícito, el de adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile, en el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, no es una tarea fácil, se requiere asegurar la protección social de la infancia; el derecho de los niños y adolescentes a una vida familiar; fortaleciendo el rol protector de la familia; el derecho y deber de estas a orientarlos y cuidarlos; la igualdad y no discriminación arbitraria; y los derechos a ser oídos, de reunión, asociación y libertad de expresión.
El sólo enunciado de estos compromisos, que seguramente no estuvieron ausentes en las instancias precedentes, abre todas las interrogantes que subyacen en el escepticismo de la ciudadanía, que ya ha oído estas promesas y ha visto la brecha enorme con su grado de cumplimiento.
El gobierno tiene la obligación de no faltar al momento de implementar este nuevo servicio, con el personal idóneo y los recursos de infraestructura, se ha declarado que los niños están primero, es la oportunidad de ponerlo en práctica.