Al llegar a repartir la soberanía, entre varios órganos del Estado, se puede obtener un equilibrio, que se traduce en un prudente ejercicio del poder, es decir, en un balance de poderes, con el fin de que uno sirva de freno o de control hacia el otro.
A pesar del debido cumplimiento de ritos republicanos, como la cuenta presidencial, subyace la desconfianza, una ciudadanía cada vez menos asombrada se informa de procedimientos oscuros en sectores del aparato estatal que se supone están instalados para asegurara las buenas prácticas y cuidar del patrimonio común del país, más una novedad, el entrecruzamiento de los atributos, de tal manera que los tres poderes del Estado no responden cabalmente a su independencia y se encuentran intranquilizadores signos de interferencia entre algunos de ellos.
Se contradice así un importante principio, descrito como la teoría de los frenos y contrapesos, la cual sostiene que al llegar a repartir la soberanía, entre varios órganos del Estado, se puede obtener un equilibrio que se traduce en un prudente ejercicio del poder, es decir, en un balance de poderes, con el fin de que uno sirva de freno o de control hacia el otro. Un poder vigila y controla la actividad del otro, en atención a su reciproca vigilancia.
Esa división de poderes establece la necesidad de incorporar mecanismos que obligan a transparentar las iniciativas, que no se actúe entre gallos y medianoche, que aprovechando las pausas o las oscuridades, se corran solapadamente los cercos. Es una teoría que acoge la mayoría de las constituciones de América Latina, todas parten por aceptar la admonición de Lincoln, en el sentido que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente.
La sospecha más que fundada de la posibilidad de saltarse estos resguardos es el principal factor de los bajos niveles de confianza de la ciudadanía ante sus principales actores políticos e instituciones, un mal del cual no está libre ninguna democracia, un columnista español, al comentar sobre este fenómeno, la inquietud por la corrupción y el fraude, concluye en la necesidad de reforzar las estructuras y los mecanismos capaces de cortar el paso a las personas que, desde los partidos o las instituciones, ponen en subasta la representación y el poder que le conceden sus electores. Lo cual exige verificar el estado de los frenos y contrapesos destinados a obstaculizar el abuso de los privilegios del poder, de los enriquecimientos a su sombra y de los despilfarros.
Estas precauciones son especialmente valederas en un país como el nuestro, con un fuerte gobierno presidencialista, que exige una división rígida del poder en sus tres ramas: legislativo, ejecutivo y judicial, que se sostiene por pesos y contrapesos, si estos no funcionan adecuadamente, hay brechas por las cuales se introducen la corrupción y las malas prácticas, las complicidades y los pactos de mutua protección.
No es aceptable que sea por medio de investigaciones periodísticas o por denuncias esporádicas que la ciudadanía se entere de procedimientos cuestionables, de elevado monto, como lo ocurrido en Carabineros, o en los altos mandos del Ejército, o de más bien triste evidencia de abusos imperdonables de algunos personajes aprovechando su cuota de poder o influencia.
Afortunadamente, nuestro país tiene las necesarias reservas morales como para restaurar las confianzas, el primer paso es el aumento de la cultura de la rendición de cuentas y el robustecimiento de los mecanismos de vigilancia y control, la transparencia no puede sobrevivir al lado de zonas imprecisas de opacidad, la política está al debe en la tarea de restablecer la moral cívica.