Una mirada a la situación de establecimientos educacionales, permite observar que algunos logran impedir el derecho de todos los demás, incluyendo directivos, profesores, padres y apoderados, a pesar de diálogos y encuentros de buena voluntad.
Hemos tenido periodos de estas características, cuando la razón deja amplios espacios a la violencia, cuando ésta, entronizada, se encarga de dejar todas las argumentaciones en estado de debate, incluyendo la ley o la Constitución. Circunstancias en las cuales, al observar el número de los implicados, se concluye que hay una inmensa mayoría silenciosa, lo cual no inhibe a los violentos, porque la historia insiste en demostrar que es muy posible que los silenciosos sigan en ese estado por temor, no precisamente físico, sino a parecer retrógrados u obsoletos.
Una mirada a la situación de establecimientos de educación superior, pero sobre todo en colegios de la enseñanza media, permite observar que algunos logran impedir el derecho de todos los demás, incluyendo directivos, profesores, padres y apoderados, a pesar de diálogos y encuentros de buena voluntad. Por ser políticamente correctos, la sociedad se ve impedida de usar las herramientas de la ley, justamente aquellas medidas que los legisladores elaboraron, democráticamente, para asegurar la seguridad y el orden público, de esa manera se marcha sin permiso, se arrojan bombas molotov en los colegios, se boicotean las reuniones con indígenas mediante agresiones, atentados incendiarios y destrozo de bienes públicos.
El caso emblemático ha sido la interrupción de clases, los continuos incidentes y agresiones en el otrora reverenciado Instituto Nacional, un símbolo paradigmático de calidad académica e instrumento convincente de movilidad social, no solo emblemático por la ocurrencia de estos hechos, sino por las reacciones que siguieron y siguen estando en el escenario. Al proponer un alcalde la revisión de mochilas para intentar controlar el ingreso de elementos de riesgo, “No es un elemento ni educativo ni creo que sería suficientemente disuasivo”, comentó una exministra de Educación. “Estamos obligados a abordar el problema con seriedad y no dar una respuesta fácil, sólo para las encuestas”, añadió el presidente del Colegio de Profesores. Es un caso clásico de aludir a una solución de un problema multisistémico como paso previo a cualquier medida, sin detenerse en recursos ni en tiempos involucrados. Esperar esa solución no conduce a la corrección de la situación actual, si no se actúa en el presente, la política propuesta a largo plazo deja las cosas como están por plazo indefinido.
Decididamente, no se puede esperar que se corrijan integral y básicamente los factores asociados a conductas inadecuadas de los estudiantes para llegar a normalizar la convivencia escolar y la correcta forma de resolver conflictos, hay actitudes ya fijadas, formas de actuar consideradas normales, como arrojar jarros de agua a la cara de una ministra o golpear a profesores por no recibir calificaciones aprobatorias. Hay otros indicadores, como los índices vergonzosos de consumo de alcohol y droga entre escolares de octavo a cuarto medio, liderando en ellos a toda Latinoamérica.
Se ha propuesto como una medida para facilitar el control y proteger a los niños y jóvenes, limitar su horario de libre circulación nocturna, las críticas no se han demorado, en la cultura libertaria indiscriminada predominante, ajena a razonamientos, se prefiere ignorar los riesgos. En espera de la situación ideal se opta por sacrificar el tratamiento paliativo y preventivo, cuando en realidad ambas iniciativas son mutuamente incluyentes.