El aseguramiento de la probidad y las buenas prácticas, se está transformando en toda la diferencia entre la iniciativas y proyectos viables, y los que permanecerán al estado de indefinida propuesta, en busca de la confianza o la certeza.
En el escenario abierto para desconfianzas y sospechas, con las instituciones expuestas cada vez más al ojo público, el aseguramiento de la probidad y el buen proceder, la instalación indudable de las buenas prácticas, se está transformando en toda la diferencia entre la iniciativas y proyectos viables, y los que permanecerán al estado de indefinida propuesta, en busca de la confianza o la certeza.
La evidencia de la opinión ciudadana sobre este aspecto del comportamiento de la sociedad chilena y, particularmente, de las autoridades e instituciones, parece afectar positivamente la tendencia, así, según lo evidenció la Encuesta de Corrupción 2018 del Instituto Libertad y Desarrollo, un 40% cree que con relación a un año atrás el nivel de percepción de corrupción es mayor o mucho mayor, con una disminución de 10 puntos porcentuales, ya que, entonces, frente a igual pregunta, más del 50% era de esa opinión.
Sin embargo, un 48% cree que es igual al del año pasado, del mismo modo, mejora la percepción de corrupción en el futuro, ya que un 47% de los encuestados -33% en 2017- piensa que ella será menor o mucho menor. Es interesante observar que hay un mejor pronóstico en cuanto a este parámetro para el futuro, las personas que creen que para entonces la corrupción será “mayor” o “mucho mayor” disminuyó 13 puntos porcentuales con respecto a 2017, pasando de 33% a 20%.
Se ha comentado ampliamente el caso de Carabineros, institución tradicionalmente bien evaluada en la historia de esta encuesta, que exhibe un aumento estadísticamente significativo en cuanto a percepción de corrupción, pasando desde una nota 4,8 en 2017 a 5,8 en la presente medición. Ya en 2017 prácticamente había duplicado su percepción negativa en materia de corrupción. Así, tras pasar en 2017 de la posición 2 a la 11 en el ranking de percepción de corrupción en las instituciones, hoy se ubica en el lugar 20. En contraste, las percibidas como menos corruptas, en tanto, son: Contraloría, 2,1; el Registro Civil, 3,0; y el Servicio de Impuestos Internos, 3,1.
Un indicador llama, sin embargo, poderosamente la atención; las instituciones que lideran el ranking de percepción de corrupción son las municipalidades, con un 6,5, ligera variación respecto al 6,8 obtenido en 2017- una medición en la cual 0 es menos corrupto y 10 más corrupto. En cuanto al conocimiento de casos, son también las municipalidades las que se ubican en primer lugar, con un 18,8%, 1,8 puntos más que en 2017.
Según la Encuesta del Instituto Libertad y Desarrollo, en cinco años se registra 1.800 imputados formalizados en el país por este tipo de cargos. Por otra parte, los alcaldes del país enfrentan una constante fiscalización que ha resultado en la formalización de la alcaldesa en Antofagasta; el informe de Contraloría que cuestiona la administración de la alcaldesa en Viña del Mar, y el arresto domiciliario, luego de tres de meses de prisión preventiva, del alcalde de las Guaitecas, en Aysén.
Si bien es cierto es indispensable crecer en la cultura de la probidad a nivel nacional y en el rigor ante los que la irrespeten, el aseguramiento de las buenas prácticas a nivel municipal es particularmente crítico, por las razones de cercanía y visibilidad, por una parte, y por otra, como antecedente indispensable para considerar la confiabilidad al momento de traspasar competencias en el dilatado proceso de descentralización.