Las estadísticas son tan elocuentes como intolerables, al inicio de esta semana se han registrado en nuestro país 14 femicidios consumados y 30 femicidios frustrados, lo que duplica la cifra de igual período de 2018.
Los cambios visibles en la sociedad chilena podrían ser observados como indicadores de progreso, un país que se moderniza y avanza, aludido como referente para otros de la Región, pero, al mismo tiempo, los logros ocultan sombras crecientes, surge con frecuencia la interrogante de qué es lo que nos ha sucedido, para llegar a tal grado de individualismo e indiferencia, porqué la violencia alcanza niveles inéditos. Los indicadores surgen en el ámbito que se quiera buscar, pero parecen estar situados más transversalmente en la violencia de género.
Las cifras son inequívocas y tempranas, el año 2018 más de 3.000 jóvenes tuvieron que ser atendidos en centros de salud por problemas relacionados a la violencia en el pololeo, dato que recrudece y que motiva dinámicas lamentablemente no inéditas, se vuelve a plantear un proyecto de ley de 2013 y que recién en enero de este año pasó por su primer trámite en la Cámara de Diputados.
La otra cara brutal es el feminicidio o femicidio, definido por la ley 20.480, como el asesinato de una mujer realizado por quien es, o ha sido, su esposo o conviviente. Este delito es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y es una muestra de que en nuestra sociedad, bajo el barniz de modernidad, del discurso de la igualdad y el respeto, subyace, transversalmente, el concepto que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres.
Los términos “femicidio” o “feminicidio” han sido reconocidos en muchos países como el asesinato de una mujer sólo por el hecho de ser mujer, sin que exista una relación entre ella y el criminal. Esta mirada más amplia sobre los femicidios está presente en acuerdos internacionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer celebrada en Belém do Pará, Brasil, en 1994, de la cual Chile es parte. Por otra parte, el término “feminicidio”, se ha empleado para incluir la variable de impunidad que suele estar detrás de estos crímenes, es decir, la eventual inacción o desprotección estatal frente a esa forma de violencia.
Las estadísticas son tan elocuentes como intolerables, al inicio de esta semana se han registrado en nuestro país 14 femicidios consumados y 30 femicidios frustrados, lo que duplica la cifra de igual período de 2018, haciendo más relevante el proyecto de ley que busca instaurar el Día Nacional contra el Feminicidio, promovido por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, recién creada por la Cámara de Diputados. El proyecto legislativo busca reconocer el feminicidio como un crimen de odio contra las mujeres, que se ejerce en el espacio privado y público, dignificar la vida y memoria de las víctimas de feminicidio y presionar cambios legislativos y culturales en prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Como fecha conmemorativa fue escogida el 19 de diciembre, en rememoración de la niña Javiera Neira Oportus, de seis años de edad, asesinada brutalmente por su padre biológico ese día de 2005.
Se espera que la instauración de ese Día sirva para generar mayor conciencia sobre la situación de violencia que padecen las mujeres y la necesidad de un cambio más allá de la esfera del derecho, ya que involucra, además, ámbitos sociales, culturales y económicos. Lo que no debería esperar es nuestro propio compromiso para contribuir a ese cambio indispensable.
