En nuestro país, el Estado consagra la garantía respecto al ejercicio de los derechos de los migrantes y el cumplimiento de sus obligaciones, según la normativa nacional. Lo que no puede directamente normarse es la integración social del inmigrante.
El último censo mostró situaciones diferentes a las usuales en este tipo de mediciones, al hacer visible cambios, no sólo de predecibles curvas numéricas, sino cualitativos, es decir, la observación de las diferencias en el tejido social del país, específicamente aquellos que se deben a la migración de personas, así se muestra que la cifra oficial de extranjeros residiendo en Chile es de alrededor de 710 mil, lo que equivale a una tasa neta de migración para el año 2017 que casi dobla la estimación del año 2014.
El 65% de la población no nativa residente actualmente en Chile, son migrantes que han llegado recientemente, en los último ocho años, más aún, sobre un 35% de estas personas, llegaron a nuestro territorio durante los años 2016 y 2017. Los recién llegados provienen fundamentalmente de los mismos países que desde la década pasada generaban flujos migratorios, pero ahora se agregan venezolanos: el 90% de ellos, actualmente residiendo en el país, han llegado en los últimos siete años.
Según el Observatorio Económico Nº 126, 2018, de la Universidad Alberto Hurtado, la edad promedio de los migrantes es de 33 años, poseen una escolaridad mayor que el promedio de la población chilena, con un alto índice de masculinización. En el caso particular de los venezolanos, el 65% de los nuevos residentes tiene un título universitario o técnico superior, el 10% son Ingenieros de profesión. A diferencia de los haitianos, con un nivel educativo mucho más bajo, de los cuales sólo el 5% tiene estudios superiores.
Es una situación que están viviendo varios países del orbe, percibidos como más seguros, prósperos o receptivos, planteando en desafío ineludible de integración y un reordenamiento del cuerpo social. Según una publicación de la Universidad del País Vasco; “ Los procesos de integración de personas inmigrantes: límites y nuevas aportaciones”, la connotación política e ideológica que arrastran los diferentes conceptos alrededor de la integración hace de su uso una cuestión delicada y debatida.
En nuestro país, según el resumen aportado por la Biblioteca del Congreso Nacional, el Estado consagra la garantía respecto al ejercicio de los derechos de los migrantes y el cumplimiento de sus obligaciones emanadas de la normativa nacional, concretamente, se garantiza la igualdad de derechos en materia laboral, de prestaciones de seguridad social y de beneficios de cargo fiscal, además del acceso a las prestaciones de salud, así como garantizar el acceso a la enseñanza preescolar, entre otros derechos.
Lo que no puede directamente normarse es la integración social de los inmigrantes, muy especialmente los niños, allí reside una de las barreras más complejas para que el inmigrante pase a ser parte de la sociedad chilena en igualdad de términos, se entiende que es un proceso paulatino, pero los tiempos pueden abreviarse notablemente si desde las etapas más tempranas de la educación se instala el respeto a la diversidad y la importancia que esta tienen para enriquecer la formación de las personas, al compartir otras culturas y visión del mundo. Históricamente, Chile se ha desarrollado con el aporte de inmigrantes, esta es otra trascendente oportunidad que no debe subestimarse.