Las cifras, como las de otros años, no se equivocan en lo esencial; hay niños que reciben educación de buena calidad y otros que no, los primeros tienen todas las puertas abiertas y los otros, con dificultad.
La calidad de la educación chilena está claramente en entredicho y, al mismo tiempo, la asombrosa actitud de reserva y cuidado para llamar a las cosa por su nombre y actuar en consecuencia. Que el tema dista mucho de ser resuelto es evidente, toda la turbamulta del debate durante el gobierno anterior no logró acercarse al punto álgido de la asimetría de la calidad en la formación de los niños chilenos. Las leyes se aprueban con asuntos críticos pendientes, con la intranquilizadora percepción que se ha hecho así a sabiendas.
Es verdad que la política tiene sus particularidades para lograr acuerdos y sacar los proyectos adelante, pero ese arte de lo posible no siempre es útil para resolver situaciones que resultan desplazadas para facilitar el debate y la negociación, de esa manera, se aprobó la gratuidad, la nave capitana de la discusión, una indudable buena noticia, con una carta escondida, aquella de las competencias de los postulantes a la educación superior.
Las cifras, como las de otros años, no se equivocan en lo esencial, hay niños que reciben educación de buena calidad y otros que no, los primeros tienen todas las puertas abiertas y los otros con dificultad, y a veces con condiciones especiales que más se asemejan a entradas por la ventana, sin cambios, en una forma de profecía autocumplida.
Los números son crudos, sólo 30% de quienes se inscribieron para la PSU en el sector municipal, quedó seleccionado, las cifras son de una reveladora claridad, de los 107.608 jóvenes que estudiaron en colegios municipales o por el Sistema Local de Educación, fueron seleccionados 32.715, es decir, un 30,2%. En comparación con aquellos provenientes de colegios particulares subvencionados; 152.044 inscritos y 66.102 seleccionados, un 43,5%. En aquellos de colegios particulares pagados las cifras son 31.000 y 24.000, es decir, fueron seleccionados el 79%, una correlación casi perfecta entre el nivel socioeconómico, a medias oculta en esta clasificación de colegios y sus resultados.
El sistema de admisión muestra nuevamente profundas brechas y expertos llaman a considerar este factor en la discusión sobre los cambios al modelo de acceso. El año pasado, más de 290 mil personas se inscribieron para dar la PSU, para postular en el Sistema Único de Admisión. De ellos, casi 108 mil eran de colegios municipales o estatales, de los cuales, poco más de 32 mil resultó finalmente seleccionado en estos planteles.
Como es tradicional, se apunta a la PSU y se sugiere una variedad de medidas para hacer más justo el proceso de selección; reducir contenidos hasta los correspondientes al 2° Medio”, o hacer más pruebas por año, medir otros factores, como el liderazgo en proyectos sociales o religiosos, la historia de vida y la motivación, entre otras numerosas iniciativas.
Todo este conjunto de situaciones se relacionan estrechamente con otro asunto sobre la mesa; el proyecto de Admisión Justa y la definición de mérito académico, un tema candente sobre una cancha dispareja que se optado por no remodelar, insistiendo todavía sobre la gratuidad, de inmediato impacto político y dejando para más tarde la de más lento pero efectivo impacto; mejorar la calidad en el inicio de la formación de todos los niños, el sitio natural de la mayor igualdad.