Les debe constar a los penquistas los esfuerzos denodados de la Municipalidad para erradicar los operadores de máquinas tragamonedas, también las fuerzas en sentido contrario que han surgido desde sitios insospechados para protegerlos, contraofensivas que enarbolan valores de farisaica nobleza, como la libertad de empresa, el derecho y la libertad de las personas, entre otros argumentos utilitarios para descomprimir una crítica valedera sobre los inconvenientes y, en muchas instancias, peligrosidad de ese tipo de emprendimientos.
Mirando con mayor distancia este enfrentamiento, entre los locatarios de los garitos de máquinas tragamonedas, ubicuos y muchos más de lo que parece a primera vista y las autoridades municipales, está claro que se subestimó el grado de penetración de estas actividades y la red de protección que parecen ser capaces de financiar. No es de extrañar, entonces, que en los primeros intercambios de iniciativas, el alcalde y su equipo se vieron transformados de perseguidores en perseguidos al intentar clausurar los locales en cuestión, a pesar de amplia aprobación de la medida por la ciudadanía y el comercio establecido aledaño.
En una nueva dinámica, al verificarse presiones impulsadas por lobbistas, evidentemente bien remunerados, el Ministerio Público investiga un posible cohecho, como delito base de un presunto lavado de activos y el eventual vínculo de la asociación gremial de operadores de máquinas de juegos, con organismos públicos y personas ligadas a la política.
Las acciones emprendidas, por su amplitud, dan a entender lo complejo de la situación, así, la fiscalía ha realizado medidas intrusivas como interceptaciones telefónicas a dirigentes del gremio, allanamiento de casi una veintena de inmuebles, más requerimientos de información a 20 municipalidades del país que tienen máquinas tragamonedas en sus comunas, buscando establecer de qué modo se gestaron las patentes para instalar estas máquinas de juegos.
En ese contexto, la Fiscalía Oriente de la capital ha tomado medidas drásticas para hacerse cargo en profundidad de la indagatoria que tiene como objetivo directo los salones de tragamonedas, encargando, no solo al persecutor, sino a tres fiscales de la Unidad de Alta Complejidad.
Se está en la etapa de reunir evidencia, se tiene el testimonio de testigos protegidos, de un miembro del Senado y otras personas de la causa. Para la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, estas acciones son coherentes con la necesidad de incorporar una combinación de distintos tipos de factores: experiencia, energía, medios físicos de respaldo para “una investigación compleja e intensa, y de materias tan especializadas como son aquellas que están involucradas”.
Nuestras autoridades edilicias pueden tener, en estos procedimientos, el debido respaldo a una situación que escapa por entero al control debido. Además de deteriorar el entorno de seguridad de los sectores donde se instalan estos locales, son un claro factor de generación de ludopatías, más dañina aun cuando esta patología afecta a personas de alta vulnerabilidad económica, cuya pérdidas pueden significar la incapacidad para cubrir las necesidades básicas de sus hogares.
Los parlamentarios han tenido, salvo muy honrosas excepciones, por las conocidas causas de la corrección política, una posición ambigua en relación a esta materia que apela más a los vicios que a las virtudes.