Hay aquí una oportunidad pendiente, la de establecer un equilibrio entre los derechos de las personas, tanto de los delincuentes como los de la ciudadanía, no puede ser que sistemáticamente sean las víctimas las que resulten menos protegidas.
Parece perfectamente adecuada la observación del aumento de la ira de la gente frente al delito, los cuasi linchamientos de delincuentes sorprendidos y atrapados por ciudadanos en la vía pública, la búsqueda de medidas draconianas y medidas ejemplarizadoras, no importando la desproporción entre el delito y el castigo, actitudes que reflejan la frustración ante la impotencia de conseguir justicia, una situación que se arrastra por varios lustros, desde la descripción de la puerta giratoria, la rápida y expedita salida de delincuentes de los tribunales, por razones que no conforman a nadie; la intachable conducta anterior, o la insuficiencia de pruebas más por motivos técnicos que por razones concretas.
La reacción de la ciudadanía no es por un motivo de simple venganza, o por el ánimo de castigar con severidad a quien delinque, sino por el temor que el Estado sea incapaz de protegerle, que no cumpla con su obligación constitucional de cuidar de las personas y sus bienes, se percibe que pese al tamaño del aparato estatal, de la magnitud de los recursos que posee, a la implementación de tecnología y medios, adquiridos con el dinero de todos los chilenos, no hay reciprocidad. Y puede acentuar la intención de hacer justicia por sus propias manos.
Para acentuar este malestar está claro el mensaje, por subliminal que sea; hay responsabilidad en la víctima, se traslada la culpa a quien sufre la acción de los delincuentes, por no poner rejas, por no comprar alarmas, por no contratar servicios de vigilancia, por descuidarse irresponsablemente, en contraste con la falta de eficacia para controlar a los hechores, quienes, ante la evidencia que los beneficios económicos del robo exceden por lejos los riesgos eventuales de las condenas. Para las crecientes bandas organizadas, hay ciertamente una muy sugerente y para ellos favorable posibilidad.
Las instituciones involucradas, policías y jueces exhiben la evidencia de su inclaudicable esfuerzo por cumplir lo que la ley señala, pero el resultado es que los ladrones están mucho mejor cubiertos que los robados. Incluso las acciones que en la mayoría de los países democráticos son aceptadas, como el control de las personas en circunstancias determinadas, como la verificación de identidad, son interpretadas como un atropello a los derechos humanos, cuando en estricto rigor a ningún ciudadano honrado puede preocuparle ser sometido a esa inspección, que tiene como fin último la seguridad de todos. Si bien es cierto el principio de la inocencia debe ser defendido con la mayor fuerza , eso no debe impedir la aplicación de medidas que no tienen otro propósito que la prevención de delitos y el cumplimiento del deber de la autoridad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En el escenario de la evaluación de las reformas que se han venido implementando, hay aquí una oportunidad pendiente, la de establecer un equilibrio entre los derechos de las personas, tanto de los delincuentes como los de la ciudadanía, no puede ser que sistemáticamente sean las víctimas las que resulten menos protegidas, que en el ánimo de conseguir justicia, haciendo la debida denuncia y acudiendo a los tribunales, como la ley establece, se exponga a la acción de represalia de los victimarios, que han salido de los procesos libres de toda culpa y perfectamente habilitados para seguir burlándose de la ley.