El gobierno entrante ya tiene experiencia en los riesgos de subestimar las dificultades de algunas tareas, sobre todo aquellas que parecen poder ser resueltas con una actitud convencida y sin claudicaciones. Así, la delincuencia, por sobre declaraciones enfáticas de medidas suficientes y eficaces, no solo continúa, sino que se complejiza y potencia, gana espacios y aparece en nuevas y cada vez más preocupantes formas.
Es cierto que esta realidad tiene otro perfil si se le evalúa de modo relativo, en comparación con el ámbito latinoamericano, por ejemplo, zona cuyos datos son harto más alarmantes, pero nuestro país se merece más, otras son sus características sociales como para aceptar buenamente que tenga validez la clásica expresión del mal de muchos, como argumento para el consuelo.
Según cifras de la Policía de Investigaciones, en información entregada recientemente por el jefe nacional de Delitos contra Derechos Humanos y Personas de la Policía de Investigaciones, en promedio, 650 personas son asesinadas anualmente en Chile, es decir, dos al día, una en regiones y la otra en la capital. Para el prefecto informante, las estadísticas de homicidio han tenido un comportamiento lineal, sin alzas o bajas considerables, destacando el hecho que a nivel sudamericano nuestro país ocupa el primer lugar con menor tasa de homicidios por 100 mil habitantes.
Si bien los números son estables, las motivaciones de los crímenes han cambiado, el informe advierte que hace años, los ilícitos estaban asociados principalmente a robos, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, con homicidios que están vinculados en la mayoría de los casos con el tráfico de drogas. Efectivamente, durante 2017, un tercio de los casos estuvo relacionado con el narcotráfico, seguido por las muertes en discusiones, robos y peleas.
El 91% de los casos indagados culmina con autor detenido o con una orden de detención en su contra, en la totalidad de los casos sin necesidad prioritaria de declaración del imputado, siendo suficiente la evidencia criminalística, que se consolida con la investigación para identificar o recabar evidencia faltante. De esa manera, el año pasado, la Brigada de Homicidios de la PDI -a cargo del 98% de las indagaciones por este tipo de delitos en el país- registró 655 casos: 355 de ellos ocurrieron en la Región Metropolitana, principalmente en la zona centro norte, seguido el lado sur, occidente y oriente de la capital. El resto de los hechos se concentra en las regiones de Biobío, Valparaíso y La Araucanía.
Diferente es la situación de otros delitos respecto a los cuales el nivel de ocurrencia real es el doble de aquel reportado oficialmente, basado en denuncias. Los resultados de estudios sobre el particular indican que la condición socioeconómica individual está positivamente relacionada, tanto con el grado de vulnerabilidad de las personas como también sobre la probabilidad de denunciar los delitos, los segmentos menos favorecidos de la población se inhibe de denunciarlos, un número apreciable de ciudadanos han perdido la fe en la eficacia de la justicia.
La delincuencia permanece como una de las mayores preocupaciones de los chilenos, a las instituciones involucradas en este fenómeno debería dárseles una nueva mirada, al modo como han venido operando, para que este flagelo tenga una barrera definitiva.