Es discutible y difícil de asociar una cosa con la otra, la salida del abogado Branislav Marelic del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la existencia de un informe cuyo contenido ha trascendido y tenido, antes de ser presentado oficialmente, una abundante cobertura mediática, sobre todo por exponer asuntos que son conocidos por la opinión pública por otras vías, incluyendo la experiencia presencial. Pero como haya sido, el momento escogido para desvincularlo, ad portas de la publicación, abre un inquietante escenario de sospechas, recriminaciones y dudas sobre la habilidad de las autoridades para actuar en el momento adecuado, ya que difícilmente había otro peor.
Se estaba en conocimiento de la larga y dolorosa relación de hechos lamentables en los centros de internación de todo el país, el informe contendría una cruda descripción de la forma cómo viven los niños, niñas y adolescentes de la red, como consecuencia de una serie de visitas a diferentes centros en los que el Estado se hace cargo de personas: cárceles, hospitales psiquiátricos, geriátricos y centros de la red Sename, sobre todo estos últimos, teniendo debida cuenta de las crisis en los centros de acogida de niños, niñas y adolescentes.
En sus declaraciones más recientes, el destituido director Marelic expuso, ante la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, sobre el avance del informe del organismo sobre las irregularidades en centros del Servicio Nacional de Menores, sus comentarios probablemente van a producir rápidas reacciones, en relación al eventual informe; “Lo que tuvimos fue mucho miedo por parte de los organismos del Estado de lo que pudiera contener” al mismo tiempo que denunció los “obstáculos” que tuvo que enfrentar para su elaboración, como la falta de acceso a las bases de datos del Sename. Por otra parte reconoce que hubo un intenso debate sobre si había que preguntarles a los niños o no, si podían ser objeto de entrevistas, aunque concluye que sin realizarlas, es probable que no se hubiera sabido que de los 405 niños, cerca de 200 presentaron vulneración de derechos.
En el informe que sería dado a la luz pública en el primer semestre de este 2018, se describe carencias materiales, espacios mal distribuidos, falta de personal capacitado para la contención, casos de violencia y abuso sexual como un panorama general de los centros, mostrando igualmente las diferencias que se dan entre las grandes instituciones de acogida, cuyos estándares de calidad serían muy adecuados, en comparación con las infraestructura en regiones, detallando situaciones tales como patios de tierra y niños descalzos, hacinamiento y muestras de falta de mantenimiento de los locales y servicios.
Se añade a los descritos problemas de personal, con muy bajas rentas y escasa motivación para enfrentar situaciones límites- como las que pueden esperarse en las inadecuadas instalaciones de muchos centros- la negativa situación de ruptura socioafectiva, con alejamiento de los padres y la precariedad emocional con la que los niños y adolescentes viven.
Sería una excelente noticia que las autoridades fueran capaces de demostrar que esta realidad, la que sería descrita en el informe, es exagerada, de no ser así, es otro legado para el gobierno entrante, uno de deuda social postergada, haber dejado esta situación con una prioridad injustamente secundaria.