Habría sido dable esperar, a consecuencias de la respuesta ciudadana en las últimas elecciones, que el Gobierno hubiera optado por una salida mesurada y republicana, hacer un bienvenido resumen y aceptar con realismo que la magnitud de las tareas tiene que tener un correlato en el tiempo para cumplirlas, en cambio, se impulsa, entre otras, con características de urgencia, la reforma educacional, a pesar de sus evidentes y polémicas complejidades.
Los plazos son en extremo acotados, de tal manera que si se quiere terminar en los tiempos disponibles, se deja abierta la posibilidad de desprolijidades o defectos, que harán necesario, como ha ocurrido casi rutinariamente con otras propuestas consideradas fundamentales por el gobierno saliente, hacer nuevas modificaciones y aclaratorias.
Una descripción de lo que ocurre en la Cámara Alta en estos días sirve para fundamentar este resguardo, en un plazo de minutos, la reunión de comité permitió el ingreso de nuevas modificaciones al proyecto de educación superior. Los senadores Montes (PS), Quintana (PPD) y Goic (DC) presentaron directamente a la Comisión de Educación 60 artículos, los que se sumarán a las más de 650 indicaciones presentadas la semana anterior.
El presidente de la Comisión de Educación, Ignacio Walker (DC), acota que los proyectos anteriores, en sus discusiones finales, lograron gran apoyo, como la Carrera Docente, cuya votación fue casi unánime, la Nueva Educación Pública fue aprobada 34 a 0 en el Senado, igual que la ley de Educación Superior, por lo que espera llegar a un acuerdo razonable en la reforma educacional , mientras el senador Andrés Allamand (RN) cuestiona el uso de la misma estrategia de sesiones maratónicas que podrían resultar en un proyecto mal redactado.
Las temáticas de las indicaciones al proyecto de educación superior son de diversa naturaleza y abarcan, desde el Crédito con Aval del Estado (CAE) a la Prueba de Selección Universitaria, de esa manera, el senador Carlos Montes, busca establecer una política pública para lograr la condonación al Crédito con Aval del Estado (CAE) para la totalidad de los estudiantes que lo hayan utilizado como método de financiamiento de sus estudios en la educación superior.
A su vez, el senador PS pide la eliminación del CAE en un plazo de cinco años, una vez que ley de Educación Superior entre en vigencia. Una vez que éste se elimine, debiera ser reemplazado por un crédito manejado por una agencia estatal, asunto sobre el cual ni el Ministerio de Hacienda ni el Educación han entregado información con respecto al proyecto que le pondría fin. “Nada que informar” fue la última y reciente cortante declaración del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.
Igualmente polémica parece ser la propuesta de un nuevo y obligatorio Sistema Común de Acceso a la educación superior, para todos los planteles, tanto universidades, como Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, que reciban recursos del Estado, en este esquema la Subsecretaría de Educación manejará datos como oferta académica, vacantes y plazos de postulación, entre otros.
Es muy probable que se opere como para conseguir la aprobación de esta reforma, que contiene asuntos de cuyo detalle la ciudadanía se enterará en su debido tiempo. Hay que confiar en la idoneidad de los senadores de la República para acordar un cuerpo legal que no obligue a una temprana fase de reparación.