Se ha utilizado toda suerte de expresiones para describir el sentimiento atribuido a la gente relativo al empresariado chileno, si bien es cierto que la evaluación varía según el ideario político o la situación socioeconómica de las personas, hay algunos factores que han enturbiado la relación de las comunidades con las empresas, una realidad donde se enfrentan los elementos de productividad, progreso y generación de bienes, por una lado, y malas prácticas y actividades turbias y dolosas, por otro .
Las empresas están insoslayablemente vinculadas al progreso de los países, desde las más pequeñas a las más grandes, la salud de estos emprendimientos está estrechamente unida al bien común, en razón de lo anterior, es indispensable que exista una relación armónica y de beneficio mutuo entre los actores relacionados, en este caso, la sociedad en su conjunto.
Es por eso que tiene particular importancia el avance en el Congreso de la tramitación de una iniciativa legal para promover las llamadas Empresas B, que se proponen, además de la obtención de beneficios para sus accionistas, generar impactos positivos a nivel social y medioambiental, se trata de dar un marco legal que reconozca las particularidades de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo
El concepto de Empresa B tiene su origen en una visión del éxito empresarial donde el aporte al bienestar social y medioambiental es tan importante como la ganancia económica, una innovación en modelos de negocio que busca que el mercado y las empresas sean mejores, trabajando para que los resultados financieros vayan acompañados, de forma intencional y como parte del negocio, de mejoras en la salud de las personas, en la calidad de los servicios de los ecosistemas, negocios que promuevan la prevención de riesgos y desastres naturales y la construcción de confianza entre ciudadanos.
Esta tendencia empresarial, que trasciende la propia rentabilidad, ha ido cobrando creciente relevancia en el mundo, prueba de lo cual es el aumento exponencial del número de las certificaciones en todos los continentes y en más de 51 países, incluido Chile, donde existen 100 de estas empresas.
El proyecto de ley no busca establecer beneficios tributarios para las empresas B, sino reconocerlas y validarlas legalmente a fin de dotarlas de mayor certeza jurídica y proteger su propósito, más allá de los administradores o propietarios de turno, para los proponentes. Este tipo de legislación puede favorecer su impacto en tres dimensiones; económica, social y ambiental, al mismo tiempo que se enriquece el ordenamiento jurídico en esta materia y amplía las opciones para que “se desplieguen las capacidades de emprendimiento y de compromiso social de los chilenos”
Este nuevo concepto de empresa, que es un paso más allá del compromiso empresarial, o el papel social de la empresa, incorpora una relación transparente entre todos los actores que encuentran en la cadena productiva y busca establecer una nueva relación de probado beneficio mutuo, que permita el desarrollo y el crecimiento de todos, una forma de empresa que suele verse frecuentemente en el primer mundo, donde la relación entre la sociedad y la empresa es visiblemente beneficiosa.
El empresariado chileno tiene por delante ese desafío, particularmente en el nuevo gobierno, establecer un fuerte e indudable puente de confianza con la ciudadanía.