Para todos los gobiernos y muy especialmente para las instituciones involucradas, es cada vez más evidente que la violencia es un riesgo significativo para la salud y vida en Latinoamérica. La violencia física, incluyendo asalto, asalto sexual, el feminicidio (asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres) así como crímenes relacionados con la producción, tráfico y comercialización de drogas, cobra vidas e incrementan los índices de violencia y asesinatos.
Menos de una décima parte (8%), de la población mundial vive en Latinoamérica, pero la región tiene un tercio (33%), de los casos de homicidios del mundo. La Organización Panamericana de la Salud la ha descrito como una pandemia, en efecto, midiendo por tasa de homicidios, 14 de los 20 países más peligrosos del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. Según un artículo reciente de Impacto Latino,- la publicación semanal de habla hispana más antigua de New York y una de las más antiguas de los Estados Unidos-, en Brasil, 56.000 personas mueren violentamente cada año. En el 2015 en Colombia, una persona fue asesinada cada 10 minutos.
La tasa de homicidios del continente, asesinatos por cada 100 mil habitantes, indica a El Salvador como el país con la cifra más alta; 103 , seguido por Venezuela con 83, Honduras, 57; Jamaica, 45. Chile cierra la lista con sólo 3, el país con más baja criminalidad de la región, superado sólo por Canadá.
Aunque sea nuestro país el segundo de América con la menor tasa de homicidios del continente, para los expertos es preocupante el incremento sostenido que se registra en este tipo de delitos en la última década y en especial el hecho que el 20% de los casos sean archivados por la fiscalía, o bien se les aplica una decisión de no perseverar, cerrar los casos, poniendo fin a las investigaciones sin que exista una condena. Con el resultado de crímenes perfectos por renuncia de la justicia, para tranquilidad de los homicidas y frustración de los familiares de las víctimas.
La descripción ha llegado a ser clásica; “esta fiscalía ha decidido cerrar y no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar acusación”. Un medio capitalino de circulación nacional publica que la fiscalía puso término a los 18.146 casos tipificados como homicidio entre 2010 y el primer semestre de 2017, solo la mitad de los casos llegó a una condena, mientras que el 9% terminó en absolución, el resto, cerrados.
Además, la Fiscalía Nacional declara que una de sus principales preocupaciones es la baja sostenida que han registrado las condenas en los últimos años, de esa manera, si en 2012 hubo 1.301 condenas, el 56% del total de causas de ese año, al año siguiente estas llegaron a 1.219 53,4%, con igual tendencia los años sucesivos, hasta el año 2016, que registra el peor resultado: solo logró 1.111 condenas, lo que equivale al 46,5% de condenas de los casos, es decir la tasa de condenas cayó 10 puntos porcentuales en el periodo señalado.
La paz social es un bien preciado, pero frágil, indicadores de esta naturaleza señalan la necesidad de continuar perfeccionando los mecanismos y funcionamientos de la justicia chilena, estrechar el cerco a los delincuentes, proteger al hombre y la mujer de bien, redoblar el trabajo para asegurar la seguridad ciudadana.