El sistema de Alta Dirección Pública esta ad portas de ser sometido a una nueva prueba ácida, es decir, si las probadas y documentadas altas competencias de los seleccionados para estos cargos en un proceso de escrupuloso análisis de antecedentes, serán suficientes para que sobrevivan un cambio de gobierno.
No es una reflexión antojadiza, para el ciudadano común, había quedado la idea de que estos cargos, altamente tecnificados, en manos de las personas más idóneas, tendrían continuidad a pesar de las coyunturas políticas, había valorado positivamente que se acabara el reparto de puestos y sinecuras como fórmula de pago de lealtades o de tenues, pero operativas alianzas.
La realidad ha probado que no es exactamente así. Como no se había excluido la libertad de remoción, cada cambio de gobierno ha resultado en el despueble de las cabeceras de las estructuras, con una posible, pero harto menos notoria revisión de otros puestos de menor nivel. En un balance grueso y resumido, este sistema ha mostrado que la duración promedio en el cargo para el Primer nivel jerárquico es de solo 2,7 años y de 3,2 años para el Segundo nivel jerárquico, sin información de las mortalidades laborales por debajo de aquellos.
El punto, además de torcer la intención original de concebir cargos técnicos y no políticos, capaces de apoyar de la manera más idónea a la clase gobernante que corresponda, es el costo que tiene un sistema que en teoría ha puesto a nuestro país en la vanguardia del recto proceder administrativo, este proceso de búsqueda y selección le ha costado al bolsillo del Estado, es decir a los aportes de todos los chilenos, la no despreciable suma de más de 26 mil millones de pesos entre los años 2004 y 2016.
Parecía un costo razonable para el fin último del sistema de dotar a las instituciones del gobierno central de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas. Sin embargo, el sistema fue mostrando permeabilidades, espacios que permitieron eludir su pleno cumplimiento y distorsionar el espíritu del legislador, como los cargos Transitorios y Provisionales, que quedaban a cargo de los servicios mientras se concursaban los titulares y donde los respectivos funcionarios podían participar, con grandes posibilidades de resultar elegidos.
Recientemente se ha dictado la ley que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, eliminando los cargos transitorios y provisionales y reduciendo el impacto de los nuevos gobiernos en el sistema, creando nuevos cargos y autorizando al ejecutivo para que en los tres primeros meses de su gobierno designe de manera directa a un máximo de 12 cargos de primer nivel y suspendiendo la obligación de concursar cargos vacantes durante los últimos ocho meses de su mandato.
Otro aspecto positivo de esta modificación es que se amplía el Sistema de Alta Dirección Pública a nuevas instituciones, elevando a 125 el número de servicios adscritos y a 1.089 el número de cargos que se suman al sistema.
La certeza que hace falta, es la prueba indesmentible que el sistema funciona, que no hay en el operadores políticos o nepotismo, que el país dispondrá de un sistema de personas con altas calificaciones y competencias, independiente de la política, para asegurar la correcta marcha de la maquinaria del Estado.