Es triste la comparación con lo que invierte en Investigación y desarrollo que corresponde a un 0.4%, o sea, en delincuencia se gasta seis veces más que en ciencia.
Es triste la comparación con lo que invierte en Investigación y desarrollo que corresponde a un 0.4%, o sea, en delincuencia se gasta seis veces más que en ciencia.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó recientemente un informe titulado "Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe". En la investigación se pone de manifiesto el costo económico de la lucha contra la delincuencia, las cifras son de suyo significativas.
En el caso de nuestro país, Chile destina aproximadamente 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) al combate a la delincuencia. Esto se traduce en 3 mil 889 millones de dólares al año, o cerca de 2,7 billones de pesos. Es triste la comparación con lo que invierte en Investigación y desarrollo que corresponde a un 0.4%, o sea en delincuencia se gasta seis veces más que en ciencia.
El tema de ciencia está sobre la mesa, va a ser seguramente objeto de ardua s negociaciones, pero el actual es la delincuencia escalando y el aumento de la percepción de la ciudadanía, de acuerdo a las encuestas, en cuanto al temor que se tiene de ser objeto de un delito.
El informe aludido analiza diversos aspectos: gastos asociados en materia de salud, costos producto de la violencia intrafamiliar, montos destinados a prevenir delitos y cantidad de dinero que se gasta en procesos judiciales penales. En comparación con Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay, Chile es el país que más gasta en este aspecto.
Las políticas antidelincuencia implementadas han mostrado avance en los últimos años, aunque el trecho por avanzar es aún largo. Los diagnósticos coinciden en que más que a un problema de recursos, es un problema de hacer bien el trabajo. Se trata, sin duda, de una falla es multisistémica porque aún no se logra un trabajo coordinado y en equipo que involucre a la comunidad, las organizaciones sociales, a las policías y los fiscales y otros que actúan en la persecución penal y prevención en conjunto.
El ciudadano corriente, el que está lejos de los considerandos expertos, responde elocuentemente y decide protegerse por su cuenta, según el BID, el costo privado para "anticiparse" a la ocurrencia de un delito -o medidas preventivas del tipo cámaras de seguridad, alarmas, personal de seguridad- se alzó por sobre los 1.475,30 millones de dólares,
Hay otra suerte de delincuencia que resulta olvidada, la Violencia Intrafamiliar que ha sido un delito de creciente preocupación en Chile, con costos que por lo general se desconocen, aproximadamente, según el informe, 1.130,4 millones de dólares, por concepto de víctimas en casas de acogida e ingresos no percibidos.
Nadie discute la complejidad del problema, sus raíces con factores socioeconómicos y culturales, con aceleradores ante la ineficacia, no para detectar culpables, lo que ocurre con mucha más frecuencia que la aplicación de la justa y dura mano de la ley.
El fracaso de diversos gobiernos no debería servir de excusa, sino de estímulo para progresar en el control de esta situación, haciéndose cargo de la multiplicidad de sus agentes generadores. En términos más claros usar mejor los ingentes recursos comprometidos.