La propuesta liberaría del pago de impuesto a casas y departamentos terminados por un año, medida que genera expectativas en el sector gremial para impulsar nuevos proyectos y cautela entre los compradores de la zona.
Una eventual exención transitoria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la venta de viviendas nuevas podría transformarse en uno de los incentivos para la reactivación del mercado inmobiliario del Gran Concepción, en el marco del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional aprobado en el Congreso.
La iniciativa busca estimular la comercialización de departamentos y casas terminadas, facilitar el acceso a la vivienda y generar condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos, en un contexto marcado por la desaceleración del sector y un persistente déficit habitacional.
La propuesta contempla liberar temporalmente del pago de IVA a la primera venta de casas nuevas, sin establecer límites de valor, superficie o cantidad de unidades por iniciativa.
El beneficio se aplicaría durante un año contado desde el primer día hábil del mes siguiente a la publicación de la eventual ley y alcanzaría también a bodegas y estacionamientos, siempre que sean vendidos junto con la vivienda y formen parte de la misma recepción municipal.
Para acceder a la exención, el inmueble deberá contar con recepción definitiva o parcial otorgada antes de la publicación de la ley, tratarse de la primera enajenación de la vivienda y formalizar la compraventa dentro del plazo establecido, o bien haber suscrito una promesa durante ese período.
Asimismo, el proyecto incorpora un mecanismo de retroactividad para las operaciones realizadas desde el ingreso de la iniciativa, el 22 de abril de este año, permitiendo solicitar la devolución del IVA siempre que el monto haya sido restituido al comprador y se cumplan las exigencias establecidas.
En el Gran Concepción, donde durante los últimos años la adquisición de una vivienda se ha visto dificultada por el alza de las tasas hipotecarias y las mayores exigencias para acceder al financiamiento, la eventual aprobación de la iniciativa genera expectativas, aunque también cautela entre quienes buscan concretar una compra.
Camila Orellana, de 28 años y residente de San Pedro de la Paz, lleva varios meses cotizando departamentos entre esa comuna y Concepción. La pobladora señaló que “llevo casi un año cotizando departamentos entre Concepción y San Pedro de la Paz, pero entre el pie, el dividendo y las tasas se hace difícil llegar.
Si esta exención ayuda a bajar un poco el precio final o permite acceder a mejores condiciones, sería un alivio para quienes estamos comprando nuestra primera vivienda”, aunque añadió que será necesario esperar la implementación para comprobar si el beneficio efectivamente se refleja en el precio que pagan los compradores.
Carolina Echagüe.
Una visión similar expresó Mauricio Arancibia, contador de 41 años, quien junto a su familia evalúa adquirir una vivienda en Chiguayante o Hualqui.
Según explicó, cualquier herramienta que facilite el acceso resulta positiva, pero estima que el principal obstáculo continúa siendo el financiamiento. En ese sentido, comentó que “lo que más influye para nosotros sigue siendo el costo del crédito hipotecario y la capacidad de endeudamiento”.
Desde otra perspectiva, Elena Sáez, profesora jubilada de 63 años y vecina de Talcahuano, señaló que busca cambiar su casa por un departamento de menor tamaño.
Aseguró que los valores actuales siguen siendo elevados para quienes viven de una pensión y espera que la eventual exención permita ampliar la oferta de viviendas a precios más accesibles para personas mayores que, como ella, desean reducir el tamaño de su hogar sin quedar fuera del mercado.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción, Jorge Coloma, valoró la propuesta y sostuvo que “como gremio valoramos el proyecto de ley de Reconstrucción y consideramos que sus medidas tributarias apuntan correctamente al problema más urgente para nosotros, que es el acceso a la vivienda”.
A juicio de Coloma, la iniciativa también podría transformarse en un impulso para la actividad económica, al favorecer la venta del stock disponible y permitir que las empresas desarrollen nuevos proyectos.
En ese escenario, afirmó que la reactivación del sector tendría efectos positivos sobre el empleo y la atracción de inversiones, factores que considera esenciales para enfrentar un escenario económico complejo, marcado por un elevado desempleo, restricciones fiscales e incertidumbre internacional.
Coloma manifestó además que espera que la discusión legislativa avance con rapidez y señaló que el proyecto representa una oportunidad para contribuir a la recuperación económica del país.
En esa línea, indicó que la exención del IVA “ayudará a mejorar el acceso a la vivienda y, si permite la venta del stock existente, las empresas podrán iniciar nuevos proyectos, con un impacto positivo directo en el empleo, que es donde esta crisis ha golpeado con más fuerza”.
Sin embargo, el representante gremial llamó a moderar las expectativas respecto del impacto que podría tener la medida en los precios finales de las viviendas.
Explicó que el efecto dependerá de diversos factores, entre ellos la incidencia del valor del terreno, que no está afecto a IVA, y la situación tributaria de cada proyecto inmobiliario.
El dirigente afirmó que “no corresponde, por tanto, esperar un traspaso uniforme del 19% a todos los precios y es importante que las expectativas públicas se formen sobre esa base”.
Asimismo, planteó que el tratamiento del crédito fiscal acumulado podría perfeccionarse para evitar que dicho beneficio quede inmovilizado en las empresas, situación que, a su juicio, reduciría el impacto esperado de la iniciativa.
También sostuvo que la exención debería complementarse con otras medidas, como la extensión del subsidio a la vivienda, instrumento que, según indicó, ha demostrado ser efectivo desde su implementación en 2025.
El dirigente agregó que el reciente anuncio del Ejecutivo para ampliar dicho subsidio constituye “una iniciativa largamente esperada por nuestro sector”, ya que contribuiría tanto a disminuir el déficit habitacional como a fortalecer la actividad económica.
Del mismo modo, destacó que el aumento del valor máximo de las viviendas beneficiadas, desde 4 mil a 6 mil cuatro mil a seis mil UF, ampliaría el universo de proyectos que podrían acceder a estos incentivos, favoreciendo la comercialización de unidades terminadas y la generación de nuevos empleos.
Consultada sobre la iniciativa, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Economía de la Región del Biobío optó por no emitir declaraciones.