El paquete regional de referencia considera la Costanera Sur de San Pedro de la Paz, la Ruta Pie de Monte, la Red de Hospitales del Biobío, el Nuevo Puente Ferroviario sobre el río Biobío y el Puente Industrial.
Lo que debes saber
•La deuda bruta del Gobierno llegó a US$164.902 millones, equivalente al 44,7% del PIB. El monto representa unas 105 veces la inversión conjunta de cinco grandes obras de infraestructura del Biobío.
•Académicos de la UdeC y UCSC advirtieron sobre los efectos de un mayor endeudamiento en el presupuesto público y la disponibilidad de recursos para áreas como salud y educación.
La deuda bruta del Gobierno de Chile llegó a US$ 164.902 millones, cifra equivalente al 44,7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Para dimensionar la magnitud del monto acumulado a septiembre de 2026 (que ronda los $160 billones y bordea el umbral prudencial del 45% del PIB), este volumen de compromisos financieros equivale a unas 105 veces el costo combinado de cinco de los principales proyectos de infraestructura vial, de transportes y de salud de la Región del Biobío.
El paquete regional de referencia considera la Costanera Sur de San Pedro de la Paz, la Ruta Pie de Monte, la Red de Hospitales del Biobío, el Nuevo Puente Ferroviario sobre el río Biobío y el Puente Industrial, iniciativas que en su conjunto suman una inversión de US$ 1.568 millones.
Por separado, el nivel de endeudamiento fiscal permitiría costear cerca de 659 obras de la envergadura del Puente Industrial (estimado en US$ 250 millones) o alrededor de 617 puentes ferroviarios sobre el río Biobío (con una inversión aproximada de US$ 267 millones cada uno).
En el caso de la Red de Hospitales del Biobío (que contempla nuevos recintos en Coronel, Lota, Nacimiento y Santa Bárbara por unos US$ 325 millones), la equivalencia alcanzaría para 507 proyectos similares. En tanto, la inversión requerida para la Ruta Pie de Monte (US$ 355 millones) se podría replicar unas 464 veces, mientras que los recursos asignados a la Costanera Sur (valorizada en US$ 371 millones) equivalen a unos 444 trazados viales de igual costo.
CC.
Francisco Sepúlveda Laurence, académico del Departamento de Administración de la Universidad de Concepción (UdeC), sostuvo que, al igual que una persona o empresa, el Estado cuenta con una capacidad determinada de endeudamiento. Lo central, remarcó, es generar ingresos suficientes para saldar los compromisos sin comprometer la continuidad de los programas sociales.
El especialista advirtió que el aumento sostenido de las obligaciones reduce el margen de maniobra de las futuras administraciones, puesto que una porción creciente del presupuesto público debe destinarse al servicio de la deuda (intereses y amortización). Si el crecimiento económico y la recaudación no logran elevar los ingresos fiscales de forma paralela, el Estado se verá forzado a recortar recursos en áreas críticas como salud y educación.
Aunque citó el caso de Argentina como ejemplo de las fuertes tensiones entre deuda externa y gasto social, Sepúlveda afirmó que Chile conserva espacio para dinamizar su economía, aclarando que el impacto final dependerá de la actividad productiva, la contención del endeudamiento y el destino que se dé a los recursos captados.
“Resulta fundamental no recurrir al endeudamiento únicamente para cubrir otras deudas existentes, evitando así incurrir en una bicicleta financiera, sino procurar que dichos recursos se destinen a inversión real en infraestructura, programas sociales y salud”, señaló el académico de la UdeC, añadiendo que endeudarse no es un acto “intrínsecamente bueno ni malo”, sino que su conveniencia radica en mantener la sustentabilidad fiscal.
Por su parte, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), el académico Cristián Guzmán sostuvo que acercarse al techo recomendado no constituye un escenario deseable. A su juicio, resulta prioritario evaluar los motivos detrás de la caída en los ingresos fiscales y analizar el uso exacto que se le da a la deuda, distinguiendo entre la inversión pública en obras y el refinanciamiento de compromisos previos.
Guzmán advirtió que un endeudamiento excesivo puede deteriorar la clasificación crediticia del país y encarecer el costo del crédito si la deuda supera el 50% del PIB de forma persistente. “Es similar a lo que ocurre en un hogar: si se vive permanentemente con deuda, llega un momento en que una parte creciente de los recursos debe destinarse a pagarla y queda menos espacio para otros gastos”, explicó el docente de la UCSC.
Carolina Echagüe.
El límite del 45% del PIB corresponde a un parámetro de prudencia recomendado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y no a un techo fijado por ley que gatille una crisis automática.
Según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la relación deuda-PIB se ubicaba en 43% en el trimestre anterior. La posterior alza en la cotización del dólar incrementó el valor en moneda nacional de las obligaciones contratadas en divisas extranjeras, lo que explicó cerca de 0,7 puntos porcentuales del PIB en el balance del tercer trimestre, sumado a los procesos regulares de emisión y amortización de bonos.
Pese al repunte de la cifra, Guzmán precisó que el país aún permanece dentro de los rangos de contención recomendados. El desafío central para las políticas públicas de mediano plazo, concluyó, radica en sustituir paulatinamente el endeudamiento por un aumento genuino en los ingresos fiscales derivados del crecimiento económico.