La región suma 246 derechos sujetos a cobro por más de $23 mil millones, con más del 80% del monto concentrado en una sola provincia y predominio de derechos no consuntivos. La herramienta es para evitar la especulación con el recurso.
Ya está en curso el proceso 2026 de cobro de patentes por no uso de derechos de aprovechamiento de aguas, y este año lo hace con una cifra que vuelve a tensionar el debate hídrico nacional: más de $397 mil 326 millones identificados por la Dirección General de Aguas (DGA) en el listado publicado el 15 de enero. En total, 5 mil 432 derechos superficiales y subterráneos deberán pagarse hasta el 31 de marzo ante la Tesorería General de la República (TGR), configurando uno de los ciclos de mayor magnitud desde que este mecanismo comenzó a operar y reflejando el endurecimiento progresivo del sistema.
Del total nacional, 2 mil 977 derechos corresponden a carácter consuntivo —equivalentes a 463 mil 439,07 litros por segundo— cuyos titulares deberán cancelar más de $314 mil millones. En paralelo, 2 mil 455 derechos no consuntivos concentran 16.647.502,04 litros por segundo y suman cerca de $82 mil 853 millones. Aunque los no consuntivos movilizan un volumen hídrico muy superior, el peso monetario de los consuntivos continúa siendo más alto debido a la estructura diferenciada del cálculo y al efecto acumulativo de la progresividad.
Aunque el número de derechos afectos disminuyó cerca de un 3 % respecto del proceso anterior, el monto total aumentó en aproximadamente $240 mil millones. En ese escenario, la ministra de Obras Públicas, Jessica López (MOP), explicó que el salto responde a que “comenzó a operar una fórmula única a nivel nacional” tras la reforma al Código de Aguas de 2022, eliminando distinciones territoriales previas y elevando el valor de patente en numerosos casos.
“El cobro de esta patente es una herramienta que permite disuadir el acaparamiento y la especulación del agua, un bien escaso”, sostuvo, enfatizando que el objetivo es incentivar el uso efectivo o la renuncia del derecho, bajo la eventualidad de remate. La señal política es clara: el mecanismo ya no solo opera como advertencia administrativa, sino como instrumento activo de corrección del mercado de derechos.
La comparación regional permite dimensionar el lugar que ocupa la región dentro del mapa nacional. La Araucanía concentra el mayor número de derechos del país, con 1.086 títulos y más de $52 mil millones identificados. Aysén, en tanto, registra el monto total más alto, con 223 derechos que suman $128 mil 501 millones. En el extremo opuesto, Tarapacá presenta apenas 22 derechos y un valor cercano a $466 millones.
En ese escenario, el Biobío se posiciona en un rango intermedio en número, pero con una incidencia particularmente relevante en términos de volumen hídrico comprometido.
En perspectiva local, el listado regional incorpora 246 derechos por un monto superior a los $23 mil 389 millones. El desglose muestra 21.712,42 litros por segundo en derechos consuntivos y 2.873.784,09 litros por segundo en no consuntivos. Aunque la región no lidera en número absoluto de títulos, el volumen de caudal la ubica entre las zonas con mayor peso estructural dentro del sistema hídrico nacional, especialmente por la configuración histórica de la cuenca alta del río Biobío y su matriz energética asociada.
La inclusión en la nómina no responde simplemente a “no usar agua”, sino a no contar con obras de captación —y restitución en el caso de los no consuntivos— aptas y suficientes al 31 de agosto de 2025. El proceso 2026 se basa en esa constatación técnica. De los 246 derechos regionales, 178 corresponden a no consuntivos (72 %) y 68 a consuntivos (28%), proporción que revela con claridad la impronta hidroeléctrica que define buena parte del mapa hídrico regional.
Los derechos no consuntivos concentran más del 99 % del caudal total afecto a pago en el Biobío, una cifra que no solo explica la magnitud del volumen involucrado, sino que también expone la fuerte concentración territorial en torno a grandes proyectos energéticos. Los consuntivos, aunque minoritarios en caudal, pueden exhibir montos unitarios elevados debido al componente progresivo de la patente, lo que introduce diferencias significativas entre titulares.
La fórmula establece valores base distintos según la naturaleza del derecho. En consuntivos permanentes se calcula por litro por segundo no utilizado; en no consuntivos se consideran el caudal y el desnivel del aprovechamiento. A ello se suma un factor que aumenta cada cinco años de no utilización, multiplicando el valor acumulado y transformando el tiempo en una variable determinante.
Ese componente progresivo es decisivo. Muchos derechos cuyo cómputo comenzó en 2006, tras la reforma de 2005, acumulan hoy casi dos décadas sin obras suficientes, elevando significativamente el valor final. La consolidación de la fórmula única nacional en 2022 intensificó ese efecto al eliminar criterios territoriales diferenciados que antes moderaron el cálculo en determinadas regiones, endureciendo el sistema.
También vale la pena observar cómo se distribuye internamente el fenómeno. La Provincia de Biobío reúne 188 de los 246 derechos afectados, equivalentes al 76 % del total regional, y concentra más del 80 % del monto identificado. La Provincia de Arauco suma 38 derechos (15 %) y Concepción 20 (8 %). La asimetría es evidente y refleja que la presión económica se concentra en un territorio específico dentro de la región.
El peso económico, sin embargo, no replica exactamente la distribución numérica. Arauco, pese a tener menos títulos que la Provincia de Biobío, acumula un porcentaje mayor del valor regional que Concepción, lo que evidencia que el cálculo depende más del tipo de derecho, el caudal involucrado y la antigüedad del no uso que del número absoluto de inscripciones.
A nivel comunal, Los Ángeles lidera con 42 derechos (17 % del total regional), seguida por Santa Bárbara con 34 (14 %) y Mulchén con 33 (13 %). En conjunto, estas tres comunas concentran cerca del 45 % de los derechos regionales y una proporción aún mayor del caudal afecto. El patrón confirma que la cuenca alta no solo concentra volumen hídrico, sino también la mayor exposición económica del proceso 2026.
La concentración también es sectorial. Empresas vinculadas a generación eléctrica explican una parte sustantiva del monto regional, muchas veces mediante múltiples derechos inscritos dentro de una misma subcuenca. En contraste, personas naturales y actores forestales o agrícolas presentan menor participación porcentual en número y valor acumulado, lo que refuerza que el impacto económico se focaliza en proyectos de mayor escala y alta intensidad hídrica.
Imagen de contexto: no uso de aguas | Foto: MOP
Desde la perspectiva administrativa, los titulares pueden presentar un recurso de reconsideración ante la DGA hasta el 26 de febrero y reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente. El director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, advirtió que el listado 2026 identificó 766 derechos sin información actualizada en el Conservador de Bienes Raíces, los que deberán regularizarse antes del 6 de abril de 2027, agregando una dimensión registral al proceso.
En el plano fiscal, el monto identificado no equivale necesariamente a la recaudación efectiva. En el proceso de cobro 2025, la TGR recaudó aproximadamente $27 mil 6 millones, cifra muy inferior a los montos teóricos publicados. La diferencia revela que la eficacia del sistema no depende solo de la identificación del derecho, sino también de su cumplimiento y del eventual tránsito hacia la cobranza judicial o el remate.
Los recursos recaudados se distribuyen en un 65 % al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 10 % a los municipios y 25 % al fisco. En el caso del Biobío, si el total identificado fuese íntegramente pagado, una fracción relevante podría fortalecer el FNDR regional. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que la brecha entre monto publicado y recaudación efectiva tiende a mantenerse, lo que relativiza el impacto fiscal inmediato.
El sistema contempla exenciones taxativas, como aquellas aplicables a servicios sanitarios rurales o titulares indígenas reconocidos por ley, pero su aplicación exige acreditación formal. En la práctica, el proceso 2026 confirma que la patente por no uso opera no solo como instrumento fiscal, sino como mecanismo estructural de presión sobre derechos históricos en una región donde la concentración hídrica y energética continúa siendo un eje decisivo del desarrollo territorial.