De acuerdo a los estudios realizados por el Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción (Eula) la quema residencial de leña constituye el 60% de las emisiones de material particulado fino respirable (MP2.5) en el Gran Concepción.

Este tipo de material se caracteriza por partículas extremadamente pequeñas que tienen la capacidad de penetrar profundamente en las vías respiratorias, lo cual representaría un riesgo significativo para la salud.

Las principales fuentes de MP2.5 son: automóviles, buses y camiones, plantas termoeléctricas, calderas, procesos industriales, hornos, fundiciones, procesos metalúrgicos, la combustión de biomasa, como la calefacción residencial a leña, las quemas agrícolas e incendios forestales, y emisiones de amonio de las operaciones agrícola, entre otros.

“En el área metropolitana de Concepción, las emisiones residenciales representan el 60% de las emisiones totales de este contaminante (MP2.5), cifra que es superior al 90% desde La Araucanía a Aysén’, dijo en su oportunidad Claudia Ulloa, directora del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales e investigadora de Eula.

Todo lo anterior adquiere especial relevancia tras aprobarse, recientemente, una nueva norma de calidad del aire para material particulado fino 2.5 por parte del Consejo de Ministros.

Más en detalle, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, presidido por el Ministerio del Medio Ambiente, aprobó la actualización de la norma primaria de calidad del aire para material particulado fino (MP2,5) la que establece nuevos límites de concentración de este contaminante con el objetivo de proteger la salud de las personas frente a los efectos agudos y crónicos asociados a su exposición.

Al respecto, la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que “esta actualización es una herramienta fundamental para que las personas puedan respirar un aire más limpio. Estamos actualizando los estándares, en línea con la evidencia científica y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero lo hacemos con gradualidad y coordinación, considerando las realidades de los territorios y cuidando que este proceso sea justo para las familias”.

La actualización establece nuevos límites máximos de concentración para el material particulado fino, fijando un valor anual de 15 microgramos por metro cúbico (μg/m³) y un valor diario de 38 μg/m³, elevando el estándar de la norma vigente desde 2011 y que se alinea con las recomendaciones de la OMS. En el caso de los episodios críticos, los rangos que definen alerta, preemergencia y emergencia se reducen respecto de los valores actuales, reforzando la protección de la salud de la población frente a episodios de alta contaminación.

La norma establece una gradualidad de cinco años para la entrada en vigor de los nuevos niveles de episodios críticos, desde su publicación. Este tiempo permitirá avanzar en la implementación de la Ley de Biocombustibles Sólidos, del Ministerio de Energía, y en las medidas de los planes de descontaminación, asegurando la correcta preparación en los hogares y las actividades productivas.

“Como Ministerio de Economía, estamos comprometidos con impulsar estándares ambientales robustos con gradualidad en su implementación para facilitar el cumplimiento de los plazos y que dialoguen de manera coherente con el desempeño de sectores productivos estratégicos. Las decisiones abordadas hoy avanzan hacia una regulación más precisa, técnicamente sólida y consistente. Nuestro foco es asegurar que las necesarias normativas ambientales puedan proporcionar certezas para la inversión, permitiendo que el país progrese hacia un desarrollo sostenible con reglas claras y operativas”, afirmó el biministro de Economía y Energía, Álvaro García.

Para el Seremi de Medioambiente de Biobío, Pablo Pinto, lo más relevante de la nueva normativa aprobada, “es más exigente en torno a la emisión que tienen las distintas fuentes respecto del material particulado 2.5, lo que varía en términos generales para la declaración de zonas saturadas y, también en la medida que esto vaya implementando porque tiene un proceso de implementación y, modificará también, la gestión de episodios críticos y lo que consideramos una pre emergencia o una alerta”.

En resumen, para el representante del Ministerio de MedioAmbiente en la zona, “lo que hace, principalmente, la nueva norma es ser más restrictiva en torno a esto, para poner un estándar más alto, pero, hay que señalar que esto todavía está en un proceso en que debe ingresar a la Contraloría General de la República a una toma de razón, por lo tanto, tiene para un proceso y un tiempo más, para luego entrar en vigencia, pero, por ahora, evidentemente la norma que influye, es la norma que tenemos actualmente para emisiones”.

Avances en control de ruido y transporte más sustentable

En la sesión, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto definitivo de actualización de la norma de emisión de ruidos para buses de locomoción colectiva urbana y rural, que reemplaza el estándar vigente desde 2002. La nueva normativa incorpora límites más exigentes de emisión sonora, en línea con la evolución tecnológica del parque vehicular, con el objetivo de reducir la contaminación acústica y proteger la salud de las personas, especialmente en zonas urbanas con alta exposición al ruido.

La actualización considera, además, nuevas instancias de control para fortalecer la fiscalización de los buses en operación y mejorar el cumplimiento de la norma, junto con una reorganización del articulado que facilita su comprensión y aplicación.

El Consejo también abordó la actualización del estándar de eficiencia energética para vehículos medianos, en el marco del mandato establecido por la Ley de Eficiencia Energética, a cargo del Ministerio de Energía. Esta actualización busca asegurar una correcta aplicación del estándar, ajustándolo a cambios técnicos relevantes, como la transición hacia nuevos ciclos de medición de consumo y emisiones, y fortaleciendo la coherencia regulatoria del instrumento.

Asimismo, el proceso incorporó instancias de participación técnica y revisión especializada, permitiendo mejorar la implementación del estándar y entregar mayor certeza a los actores involucrados. La medida mantiene su contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el largo plazo, en coherencia con los compromisos climáticos del país.

También se aprobó el reglamento que establece los criterios y procedimientos para la declaración de áreas degradadas y la elaboración de planes de restauración ecológica, conforme a lo dispuesto en la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Este instrumento permitirá identificar ecosistemas que han sufrido una degradación significativa y definir acciones concretas para su recuperación, fortaleciendo la protección y restauración del patrimonio natural del país.