Importaciones y ventas digitales estarán bajo trazabilidad fiscal.
A poco más de un año de su entrada en vigencia, la Ley Nº 21.713, conocida como Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (COT), ya comienza a generar efectos anticipados en el ecosistema pyme del Gran Concepción.
La norma, publicada el 24 de octubre de 2024 y que entrará plenamente en régimen el 2 de enero de 2026, promete transformar la relación entre pequeños empresarios y el sistema fiscal chileno, fortaleciendo la fiscalización, modernizando procesos y elevando las exigencias para quienes aún desarrollan actividades sin formalizar.
El nuevo marco legal amplía las facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Servicio Nacional de Aduanas, incorpora nuevas herramientas de trazabilidad sobre compras y ventas, y refuerza los controles sobre importaciones, plataformas digitales y flujos de dinero.
El seremi de Hacienda del Biobío, Sebastián Rivera Yáñez, enfatiza que el carácter inédito de la normativa exige un trabajo conjunto entre organismos públicos y actores económicos. Rivera explica que la ley eleva los estándares de formalización y que, en consecuencia, resultará clave unificar criterios para evitar distorsiones que terminen afectando a los pequeños negocios.
El seremi sostiene que la correcta interpretación del marco tributario será decisiva para que la modernización “no se convierta en un obstáculo para el acceso al crédito” y para que las empresas puedan mantener relaciones estables con el sector financiero. A su juicio, la nueva regulación apunta a un propósito claro: reducir la evasión, fortalecer el cumplimiento y modernizar el sistema fiscal, junto con mejorar la trazabilidad en operaciones comerciales.
El seremi también subraya que, si bien las exigencias aumentan, existen beneficios concretos para quienes decidan formalizarse. Entre ellos menciona el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), que adquirirá un rol más activo en asistencia y representación frente a eventuales vulneraciones de derechos.
Asimismo, señala una mayor flexibilidad en los convenios con la Tesorería General de la República (TGR), permitiendo a las pymes regularizar deudas en mejores condiciones.
Uno de los cambios con mayor impacto regional dice relación con las importaciones de pequeño valor. Hasta ahora, un gran número de emprendedores del Gran Concepción obtenía productos en el extranjero sin asumir el pago de IVA, lo que les permitía competir con costos sustancialmente menores. Con la ley COT, todos estos bienes pasarán a tributar IVA independientemente del monto, obligando a quienes dependen de esos insumos a regularizar su actividad.
Este ajuste afectará directamente a comerciantes de repuestos, tecnología, herramientas, ropa y artículos de reventa, tanto en ferias como en plataformas de comercio electrónico.
El comercio digital también vivirá un cambio: medios de pago electrónicos, plataformas de intermediación y vendedores en línea quedarán sujetos a nuevas obligaciones de información. Esto implica que las transacciones quedarán registradas con mayor detalle, reduciendo los márgenes para operar informalmente y empujando a miles de emprendedores digitales hacia el Registro de SII.
Isidoro Valenzuela.
La entrada en régimen del nuevo sistema no solo está generando expectativas institucionales, sino también inquietud entre los pequeños empresarios penquistas que han construido sus negocios desde la informalidad.
Emilia Briones Cisternas, emprendedora del rubro de la estética, comenta que comenzó atendiendo desde su casa y a través de redes sociales, como muchos durante la postpandemia.
Con la nueva ley, reconoce que ya no es posible sostener un modelo informal: tanto los pagos electrónicos como la compra de insumos quedarán más visibles para el SII. Aunque al inicio temía los impuestos, hoy considera que formalizarse podría abrirle la posibilidad de arrendar un local y postular a fondos de apoyo. “Si todo sale bien, quiero crecer y ampliar mis servicios”, afirma.
Una visión similar comparte Héctor Osben Pineda, dueño del taller Frenos Osben, un negocio familiar que ha operado tradicionalmente “a pedido” y muchas veces sin emitir boletas. Las nuevas exigencias, especialmente por la compra de repuestos importados, lo llevaron a iniciar el proceso de regularización. “Ha sido lento, comenta, pero entendimos que si queremos mantenernos y crecer, no queda otra que formalizar”.
Desde el Ministerio de Economía en el Biobío, el seremi, Javier Sepúlveda, destaca que la ley llega luego de un periodo de preparación en que se ha trabajado para acompañar a los potenciales afectados por la informalidad.
Sepúlveda recuerda que durante meses se han desplegado herramientas a través de Sercotec y de los Centros de Desarrollo de Negocios, con el fin de facilitar la transición.
El seremi recalcó que la plataforma virtual Chile Emprende cumple un rol clave al concentrar información, enlaces y guías para quienes necesitan formalizarse. A su juicio, la nueva normativa “abre la puerta a una competencia más justa”, al eliminar ventajas indebidas que afectaban a quienes sí cumplían con sus obligaciones.
Además, pone énfasis en un aspecto menos discutido: el vínculo entre la nueva fiscalización y la seguridad pública. El fortalecimiento de la trazabilidad financiera, dice, permitirá reducir espacios para el lavado de activos y otros delitos económicos. “Al final, explica, la ley reconoce y protege a las miles de pymes que funcionan de manera correcta, pagando arriendos, salarios e impuestos”.
En esa línea, María José Becerra Moro, gerenta general del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), subrayó que la entidad ha puesto el foco en impulsar la formalización desde una perspectiva estratégica.
“Si bien los programas individuales de Sercotec no están directamente vinculados a las modificaciones al cumplimiento tributario que entrará en vigor en 2026, Sercotec sí impulsa la formalización a través de los Centros de Desarrollo de Negocios, e instrumentos como Capital Semilla Emprende, Capital Abeja Emprende y nuestro nuevo programa Capital Pioneras que permite cerrar brechas de género en actividades económicas masculinizadas”, afirmó.
Para la ejecutiva, avanzar en formalidad no solo responde a una obligación ante la autoridad fiscal, sino que es una decisión económica clave. “Formalizar un negocio no es solo un requisito: es una condición estratégica que permite acceder a financiamiento público y privado, resguardar el patrimonio personal mediante protección jurídica, fortalecer la reputación frente a clientes y proveedores y abrir puertas a nuevos mercados que exigen proveedores inscritos”, explicó.
La gerenta general enfatizó que “la formalización es una plataforma de crecimiento que mejora la competitividad y sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas y cooperativas en el largo plazo”. En el escenario regional, este impulso cobra especial relevancia, considerando que sectores como el comercio, manufactura a pequeña escala y servicios profesionales, predominantes en el Gran Concepción, enfrentan un proceso acelerado de digitalización y profesionalización.