A través de una indicación, el diputado Miguel Ángel Calisto (antes de ser desaforado) junto con la diputada Marcia Raphael, se sugirió concentrar el régimen de subastas exclusivamente en el sector pelágico, en pesquerías de sardina, anchoveta y jurel, por ejemplo, lo que está contenido en el artículo 54 que fue aprobado, recientemente, por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara Baja.

Se trata de una norma que no corresponde a la propuesta impulsada desde el Ejecutivo, pero sí la viabiliza, según indicaron desde el Gobierno, parte de lo que pusieron sobre la mesa.
Así, desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Subpesca, señalaron que lo aprobado no es algo impulsado por el Ejecutivo, sino que por parte del diputado Miguel Ángel Calisto junto con la diputada Marcia Raphael en una indicación.

“En el fondo, reconociendo el valor de las licitaciones para el ordenamiento pesquero, sugirieron concentrar el régimen de subastas exclusivamente en el sector pelágico, es decir, en las pesquerías de sardina, anchoveta y jurel, por ejemplo. Para los demás recursos —como merluza común y la merluza austral— se mantendría la proporción vigente de 85% por historia y 15% por licitación”, explicaron desde la entidad estatal.

La propuesta de los parlamentarios mencionados logró mayoría y “como Ejecutivo, sin perjuicio de mantener convicción sobre la propuesta original contenida en el proyecto de ley (que era aumentar el porcentaje licitado a un 50%, en la actualidad alcanza un 15%), valoramos la capacidad de acuerdos lograda en la Comisión, que permitió seguir avanzando en el título”, agregaron desde Subpesca.

En la sesión de la Comisión, el subsecretario, Julio Salas, dijo que “la posición del Ejecutivo durante la discusión de la ley de Pesca ha sido consistente con el sentido de plantear que los mecanismos de licitación son competitivos, correctos y eficientes (…). Generan más recaudación, menor concentración y, dado que lo que determina el empleo, son los recursos que son finalmente extraídos, no generan impactos netos en el empleo total. Por lo tanto, la opinión del Ejecutivo, como se refleja en el Artículo 54, es una opinión favorable, respecto de las licitaciones, y, particularmente de la licitación, como está propuesta, que es un 50% clase A, y un 50% clase B”.

Del mismo modo, en su alocución, Julio Salas manifestó que “valoramos la indicación del diputado Calisto, no porque consideremos que no deba hacerse extensiva la licitación a todas las pesquerías, sino porque vemos, de la sola observación de la Comisión, que la indicación del Diputado Calisto tiene mayores posibilidades de generar una mayoría en la Comisión”.

“Y esto es muy importante para diferentes actores, como, por ejemplo, para algunas organizaciones de trabajadores de la industria que trabajan en el sector demersal que están aquí, pero también es muy importante, creo yo, para todos los trabajadores de la pesca artesanal, porque si no aprobamos una norma de licitación, no podremos continuar posteriormente en la discusión sobre la plataforma social estructurada sobre la base de la recaudación por efectos de la licitación (…). Si bien la propuesta del Diputado Calisto no es mejor que la del Ejecutivo, viabiliza varios instrumentos que a nosotros nos parecen importantes de mantener en la discusión de la actual Ley de Pesca”, agregó.

Gremio y sindicato

Cristián Arancibia, presidente de Ferepa Biobío, expresó que, lo primero, “es entender que la propuesta del Ejecutivo busca aumentar la licitación actual del 15% al 50% de la cuota (de pesca) industrial para poder generar una competencia más abierta, según indica el Ejecutivo, en la industria pesquera y, en segundo término, poder establecer una base de cobertura social a través del financiamiento que se puede hacer a través de la recaudación de estas licitaciones, lo que nos parece muy positivo, en el sentido que el foco esté puesto, principalmente, en generar un mecanismo de cobertura social para la pesca artesanal, lo que es hoy día muy necesario”.

“Ahora, lo complejo para nosotros es considerar que al ser la licitación el mecanismo, esto pueda generar dos problemas esenciales. Uno, es que se concentre aún más la cuota de pesca en una industria en atención a que hay industrias en Chile que tienen la capacidad para licitar la totalidad de lo que va a disponer ese 50%. Lo segundo, es que existen intereses internacionales desde hace años intentando quedarse con la pesca en Chile quienes hoy día también podrían participar de esas licitaciones lo que podrían poner en riesgo la soberanía alimentaria nacional”, añadió el presidente de Ferepa Biobío.

En resumen, Cristian Arancibia planteó que “nuestra visión como Ferepa Biobío es poder apoyar cualquier iniciativa que permita generar el financiamiento para la cobertura social comprometida por Ejecutivo en este proyecto de ley que si es el mecanismo de la subasta lo vamos a apoyar, pero preferiríamos que a través del pago de impuestos que la industria pueda hacer, se pudiera generar una recaudación fiscal suficiente para eso, evitando así, poner en riesgo la soberanía del país”.

Por su parte, Sergio Vera, presidente del Sindicato de Tripulantes y Ramas Afines de Biobío y vicepresidente de la Federación de Tripulantes de Chile expresó que lo planteado principalmente al ministro de Economía, Álvaro García, en la reunión sostenida con la Mesa por la Defensa del Empleo y la industria fue que “el Gobierno retire la suma urgencia del proyecto de pesca donde están establecidas las licitaciones. Para nosotros, licitar todas las pesquerías en un 50% es un peligro inminente de tener miles de despidos en la Región”.

En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara Baja contó que “estuve y estoy a favor de las licencias transables, ya que abre una puerta para que pequeñas y medianas empresas, que se dedican fundamentalmente al consumo humano de pescado, puedan tener una participación mayor en el mercado, por lo que es un aliciente real a la economía, sin dejar de lado que ante una mayor gama de alternativas, podemos acercarnos a un objetivo tan grande como lo es la soberanía alimentaria del país”.

Además, continuó la parlamentaria, “este mecanismo de recaudación es fundamental para poder financiar la plataforma social, un anhelo de larga data de los pescadores artesanales del país, quienes hoy están en una posición de indefensión ante tragedias como la del Bruma, entonces, es justo que el Estado pueda encargarse de darles una protección social a ellos y ellas”, sostuvo.