“El Plan no surgió desde el centro, sino desde la región. Fueron sindicatos y gremios empresariales quienes exigieron soluciones estructurales. Pasamos de las manifestaciones a las mesas de trabajo” son las palabras que ha utilizado Carolina Parada, secretaria ejecutiva del Plan para resumir el primer año de gestión del Foro Estratégico, este espacio transversal donde trabajadores, empresarios, Gobierno y universidades se sientan a la mesa. 

Esa transición hacia una gobernanza compartida instaló un relato común: el Plan como salida institucional a la crisis y como semilla de una nueva reindustrialización regional. El primer paso fue enfrentar la emergencia laboral. Los ejes 1 y 2 desplegaron medidas tributarias, asesorías técnicas y financiamiento por $4.500 millones para contratistas, además de subsidios de retención y recontratación laboral.

El impacto, tal como lo explicó el ministro Giorgio Boccardo, es que, de acuerdo con los registros del Seguro de Cesantía, el 60% de los trabajadores de contratistas mantiene continuidad laboral, mientras que cerca del 50% de los empleados directos de Huachipato ha sido reubicado en otras empresas. Un grupo menor optó por el retiro, y quienes aún están en búsqueda de empleo representan menos del 40%.

De esta forma, el escenario catastrófico de 20 mil despidos no se materializó. “El Plan ayudó a contener una emergencia laboral que parecía incontrolable”, sostienen desde esta cartera.

Aceleración de inversiones: un modelo replicable

El segundo gran eje se enfocó en la inversión. En alianza con la Oficina de Grandes Proyectos (OGP) del Ministerio de Economía, se aplicó una gestión intensiva para destrabar permisos y agilizar inversiones. “Hemos mantenido un vínculo permanente con esta oficina para acompañar a los titulares de proyectos de inversión en Biobío, tanto los que ya cuenta con la RCA y están en tramitación sectoriales, como a los que están iniciando sus trámites como son los grandes proyectos offshore”, indica Carolina Parada.  

En total, 60 proyectos fueron priorizados, en su mayoría de energía eólica. Hemos identificado 113 gestiones administrativas, de las cuales el 60% ya fueron resueltas. Asimismo, recordó Parada, la OGP realizó un análisis exhaustivo del estado actual de tramitación de permisos en 12 servicios estratégicos, identificando cuellos de botella, brechas institucionales y oportunidades concretas de mejora. 

El diagnóstico también reveló que los servicios más demandados por los titulares de proyectos son la Dirección General de Aguas (DGA), el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y Vialidad, lo que refleja las principales áreas donde se concentran los cuellos de botella. Frente a estos desafíos el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Javier Sepúlveda destacó en su momento que “la gestión regulatoria eficiente no significa bajar estándares, sino optimizar procesos para que la inversión productiva pueda avanzar con certeza y rapidez.”.

En respuesta a este diagnóstico, se presentó una propuesta presupuestaria por $1.099 millones de pesos que permitiría reforzar con 57 profesionales los equipos técnicos de los servicios públicos durante el segundo semestre de 2025, cubriendo funciones clave de evaluación, fiscalización y tramitación de permisos. 

La presentación del informe estuvo a cargo de Juan Pablo Johnson, coordinador nacional de la Oficina de Grandes Proyectos, quien expuso los principales hallazgos y lineamientos estratégicos en un espacio de diálogo técnico y político con autoridades regionales, servicios públicos y gremios empresariales. 

Críticas, tensiones y la etiqueta de persona non grata

Desde su puesta en marcha, el Plan de Fortalecimiento Industrial no ha estado exento de cuestionamientos. Diversos parlamentarios han señalado falta de información suficiente; consejeros regionales han puesto en duda su alcance; y los excontratistas de Huachipato han advertido que las medidas no cubren a todos y que los procesos de reconversión siguen siendo limitados. “No basta con subsidios temporales”, dijo en su momento Porfirio Ochoa, vocero de los excontratistas, hoy organizados en un gremio propio.

En ese contexto, incluso, el alcalde Eduardo Saavedra llegó a declarar “persona non grata” al entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, en medio de la polémica por la ley de fraccionamiento pesquero que ponía en riesgo la continuidad operacional de PacificBlu.

El factor pesquero ha sido, de hecho, uno de los puntos más tensos del Plan. En dos ocasiones, los gremios empresariales han condicionado su permanencia en la mesa en solidaridad al sector pesquero. La presidenta de Pescadores Industriales, Macarena Cepeda, ha reiterado que no hay coherencia entre, por un lado, impulsar un plan para fortalecer la industria y, por otro, impulsar normativas que debilitan a uno de sus sectores más relevantes.

Fruto de esa tensión, en la última visita ministerial fueron los dirigentes de la pesca industrial y del sector artesanal quienes plantearon directamente al ministro de Economía, Álvaro García, la necesidad de instalar mesas técnicas de trabajo. La respuesta fue positiva. Con los industriales ya se había reunido días antes, y una nueva cita está agendada para la próxima semana, en un esfuerzo por dar continuidad al diálogo y buscar soluciones.

Otra de las tensiones permanentes ha sido la postura del gobernador Sergio Gicaman, quien, si bien al inicio participó del Foro, luego indicó que se retiraba, sin embargo, mantiene a una representante en este espacio.

“Precisamente, uno de los temas pendientes es cómo el Plan se vincula con la Hoja de Ruta Biobío 2050, el instrumento de planificación estratégica regional. Aunque existe consenso en que el Plan debe insertarse en esa hoja de ruta para asegurar continuidad, aún prima la incertidumbre”, cerró Carolina Parada.

Rescate a las pymes y primeras inversiones

Uno de los primeros dispositivos desplegados fue la convocatoria Activa Inversión, que otorgó hasta $35 millones por empresa para remodelaciones, adquisición de maquinaria y fortalecimiento de capacidades productivas. Con este apoyo, decenas de pymes afectadas lograron mantener la continuidad de sus operaciones, abrir nuevas líneas de negocio y sostener empleos en riesgo.

En paralelo, el programa Fortalece Pyme Biobío consolidó un acompañamiento técnico que hasta ahora ha beneficiado a 131 empresas, con diagnósticos en gestión financiera, digitalización, huella de carbono y planificación organizacional. A ello se suman ruedas de negocios, asesorías en licitaciones y la participación de empresas regionales en ferias internacionales como Expomin.

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, destacó que el plan ha sido una iniciativa sin precedentes en Chile, que reafirma el compromiso del Gobierno con el desarrollo productivo regional. “A un año de su puesta en marcha, se logró contener el desempleo, que en algún momento se estimaba en cifras superiores al 10%. Además, se ha apoyado a un centenar de pymes, acelerando permisos para nuevas inversiones y generando empleo gracias a la coordinación constante de la Secretaría Ejecutiva”, puntualizó.

Pacheco también relevó el rol del Foro Estratégico Regional, donde convergen sindicatos, empresarios, academia y sector público para construir consensos en torno a una nueva matriz productiva. “Esta diversidad de actores permite aunar miradas y avanzar en una visión compartida del desarrollo regional”, afirmó.

Reconversión industrial y nuevas oportunidades

El golpe a Huachipato dejó más de 2.500 trabajadores desvinculados y puso en riesgo la continuidad de unas 200 empresas proveedoras. Sin embargo, uno de los ejes del plan fue precisamente rescatar a esas contratistas. A través del programa Transformación Industrial del Biobío (TIB), liderado por la Universidad de Concepción, se impulsó la búsqueda de nuevos mercados y se promovió la innovación.

Muchas empresas que dependían exclusivamente de la siderurgia hoy han logrado diversificarse hacia sectores como la logística portuaria, la industria forestal y la manufactura metalmecánica.

El dirigente sindical Iván Montes, vocero de la Mesa de Defensa del Empleo y director del Sindicato de ENAP, recordó que la hoja de ruta nació el mismo día que se apagó el alto horno de Huachipato, el 16 de septiembre de 2024. “Desde entonces, hemos navegado en este plan con cinco ejes y 32 medidas. Al cumplirse un año, es posible constatar avances con datos, métricas y trazabilidad, lo que resulta destacable”, señaló.

En el plano empresarial, la experiencia de IMESA refleja el impacto concreto del plan. Su gerente de operaciones, Pablo Arellano, calificó el programa como fundamental para mantener a flote la compañía. “Comenzamos con capacitaciones, pero lo más relevante fue la vinculación con grandes empresas. Gracias a esas ruedas de negocios llegamos a ENAP, Asmar y Orizon, algo que antes era casi imposible. Eso nos permitió concretar trabajos y recontratar a tres personas”, explicó.

No obstante, Arellano advirtió que la competencia se ha intensificado: “Con el cierre de Huachipato, muchas maestranzas quedaron en la misma situación. Hoy hay más oferta para la misma demanda, y eso presiona los precios hacia abajo”.

Visión municipal

Eduardo Saavedra, alcalde de Talcahuano, destacó la implementación de la iniciativa.

“Valoramos enormemente que el gobierno haya impulsado este Plan de Fortalecimiento del Empleo Regional ante la crisis que se está evidenciando hace bastantes años. Destaco de manera relevante que el Plan ha venido a consolidar la labor y el rol de desarrollo industrial que tiene la Región del Biobío, algo que, sin duda, es lo que nos hace diferentes en el concierto nacional”, dijo.

Saavedra mencionó que uno de los grandes aportes que ha impulsado el Plan de Fortalecimiento es la relación entre los trabajadores, los empresarios y las autoridades. Un triángulo que, enfatizó, genera posibilidades de desarrollo en nuestra Región y en Talcahuano.

“Y en esa misma perspectiva, este fin de semana que se conmemora el Día de las y los Dirigentes Sindicales, quiero insistir en la enorme importancia que ha tenido la Mesa en Defensa del Empleo en el impulso de esta iniciativa, que además derivó en la creación del Consejo Logístico de Talcahuano, espacio público-privado, que precisamente apunta a desarrollar uno de los pilares del Plan de Fortalecimiento como lo es, el rol logístico-portuario de la Región y de Talcahuano en particular. Por ello, cualquier iniciativa presente y futura no puede realizarse sin los trabajadores y sus organizaciones”, dijo.

Finalmente, Saavedra aseguró que “por último, espero que este Plan, que es una iniciativa puntual de un gobierno, pueda transformarse en una política de estado, de tal manera que independiente del cambio de las autoridades, se mantenga y se consolide en el tiempo para generar incentivos, subsidios y más oportunidades en la Región del Biobío junto a sus trabajadores”.