A más de un año de la conformación de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria del Biobío, las voces de sindicatos, gremios empresariales y autoridades coinciden en que el espacio ha sido clave para enfrentar el impacto económico que dejó el cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato, aunque advierten que aún persisten desafíos urgentes para el futuro laboral de la región.

La instancia nació en medio de la crisis desatada tras el apagado del alto horno de la siderúrgica, lo que significó la pérdida de miles de empleos directos e indirectos y generó un efecto dominó en las cadenas productivas vinculadas. Su creación respondió a la necesidad de articular un espacio de diálogo amplio, que hoy reúne a sindicatos, gremios empresariales, representantes del Gobierno Regional, ministerios sectoriales, la academia y organizaciones sociales.

El objetivo de la Mesa ha sido claro: proteger el empleo, coordinar medidas de reconversión laboral y garantizar la continuidad de sectores industriales estratégicos que han visto mermada su actividad durante las últimas décadas. 

Como resultado, su trabajo se integró directamente al Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, hoja de ruta impulsada por el Ejecutivo que contempla 32 medidas agrupadas en cinco ejes. Entre ellas destacan subsidios de retención laboral para proveedores, programas de capacitación, ferias de empleo y mecanismos de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Una mesa nacida de la urgencia

Para José Quiñilen, presidente del Sindicato N°1 de Trabajadores de Celulosa Arauco y representante del sector forestal en la mesa, la instancia surge de un análisis profundo sobre el deterioro de la industria en la zona.

“Esto nace producto de lo ya conocido, que es el conflicto y término de operaciones de Huachipato”, recordó. Según explicó, los sindicatos que se agruparon en la mesa hicieron ver al entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, y posteriormente al Presidente de la República, que el problema no se reducía a la siderúrgica, sino que afectaba a diversos sectores productivos que llevaban dos décadas de retroceso.

Quiñilen añadió que, en ese diagnóstico, quedó en evidencia la falta de inversiones relevantes en la región desde el proyecto MAPA y la ausencia de una política clara para mantener industrias existentes, en un escenario donde el país avanza hacia nuevas matrices productivas, como el hidrógeno verde. “Ahí los empresarios también reconocieron el estancamiento, y el tema de los permisos sectoriales apareció como un nudo crítico”, subrayó.

Desde su perspectiva, la mesa no solo sirvió para levantar alertas, sino también para integrar al sector forestal en un debate más amplio. En este sentido, destacó que se logró incluir en el Plan de Fortalecimiento Industrial la necesidad de apoyar la recuperación de terrenos afectados por incendios, especialmente en beneficio de pequeños y medianos empresarios que carecen de respaldo estatal.

“En los últimos cinco años se han cerrado 200 aserraderos y en una década se han perdido más de 36 mil empleos en el sector. No teníamos un instrumento que nos permitiera recuperarnos, y esta mesa abrió una puerta”, puntualizó.

La defensa del acero y el diagnóstico regional

Otro de los dirigentes que ha jugado un rol activo en la instancia es Iván Montes, vocero de la Mesa y dirigente sindical de ENAP. Para él, el espacio surgió inicialmente con la fuerza de 45 organizaciones sindicales, centradas en la defensa del acero nacional y la obtención de salvaguardias para proteger las importaciones de barras y bolas de acero utilizadas en la minería.

“El objetivo era lograr que el gobierno se la jugara con nosotros. Esa pelea se ganó, aunque la decisión de CAP fue cerrar la siderúrgica igual”, señaló. Sin embargo, Montes afirmó que el caso Huachipato fue apenas “la punta del iceberg” de un proceso de desindustrialización que lleva décadas y que incluye los cierres de empresas del carbón, textiles, fábricas de calzado, de cuero y más recientemente de loza.

Con ese panorama, las organizaciones sindicales iniciaron un diagnóstico que reveló amenazas transversales: desde la pesca hasta la metalmecánica, pasando por energía, manufactura y servicios. 

Montes valoró que ese esfuerzo se tradujera, el 16 de septiembre de 2024, en la puesta en marcha del Plan de Fortalecimiento Industrial. “Desde entonces, hemos navegado en una hoja de ruta con 32 medidas y cinco ejes. Al cumplirse un año, se puede decir que hay métricas, trazabilidad y avances concretos. Es un logro destacable”, aseguró.

Romper paradigmas entre sindicatos y empresarios

Desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Metalúrgicos, Industriales y de Servicios Zona Sur, Erika Heredia también destacó la importancia del trabajo conjunto. Su organización, que agrupa a 22 sindicatos del cordón industrial, fue parte de la mesa desde su origen.

“Para nosotros esto ha sido muy positivo. El plan es una herramienta útil porque todos queremos lo mismo: que la región repunte económicamente. El solo hecho de sentarnos en la misma mesa sindicatos, empresarios y gobierno ya rompe paradigmas. Descubrimos que tenemos los mismos dolores”, comentó.

Heredia reconoció, no obstante, que el panorama sigue siendo complejo. Entre 2023 y 2025, sus sindicatos han perdido alrededor de 200 trabajadores debido a la reducción de personal y el cierre de algunas empresas. “La industria se ha tercerizado mucho y los empleos son cada vez más escasos”, lamentó.

En particular, expresó preocupación por la situación de EDYSE, una firma metalúrgica que enfrenta falta de proyectos y cuya continuidad está en riesgo. “No se trata de despidos arbitrarios, sino de la ausencia de trabajo. La empresa busca revertirlo, pero la incertidumbre existe”, añadió.

El balance general a un año de funcionamiento de la Mesa reconoce avances significativos en la articulación de medidas concretas, la visibilización de problemáticas históricas y la creación de un espacio de diálogo inédito entre actores tradicionalmente enfrentados. A ello suma los espacios a abordar para continuar creciendo, tales como la efectividad de los programas de capacitación para generar nuevas oportunidades, la duración de los subsidios y mejorar los tiempos de los procesos de inversión y permisos.