La Provincia de Biobío concentra las autenticaciones. Desde la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios creen que la coyuntura puede generar una mayor valorización en terrenos ya construidos.
Desde 2018 hasta junio de este año el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha certificado un total de 4.195 predios rústicos en la Región del Biobío.
De acuerdo al SAG, la Provincia de Biobío es la que concentra la mayor cantidad, con casi 3 mil autenticaciones de este tipo de terrenos (ver tabla), que en teoría deben ser destinados a fines agrícolas.
En términos regionales el fenómeno viene al alza desde 2019 a la fecha, luego de una notoria baja en comparación a 2018 y donde la seremi de Agricultura del Biobío, Pamela Yáñez, comentó que “según datos del SAG, entre 2019 y 2021 ese tema creció 23% y en lo que va de este año se han concretado 629 (certificaciones)”.
El tema de la parcelación ha sido instalado por el propio Ministerio de Agricultura, con la emisión del oficio ordinario 637 de la cartera a las direcciones regionales de Servicio Agrícola Ganadero (SAG), donde se describe una serie de causas que han dado pie a esta política pública que busca regular el uso del suelo, fiscalizando que los terrenos de características agrícola-forestales no muten a proyectos habitacionales.
En el análisis ministerial se observa que “es un hecho de pública notoriedad que en el último tiempo se ha suscitado un explosivo desarrollo de proyectos inmobiliarios en el área rural de nuestro país y que este, en gran medida, se ha verificado a partir de subdivisiones prediales al amparo del Decreto Ley N 3.516 de 1980, que establece Normas Sobre División de Predios Rústicos, con infracción de la prohibición de cambiar su destino (…) a lo largo de todo Chile existen miles de obras inmobiliarias que tienen características similares, lo cual importa una verdadera amenaza a los sistemas agroproductivos (…)”.
La seremi del ramo en la zona, manifestó que “parte de la industria y los desarrolladores inmobiliarios han ajustado sus proyectos para vulnerar el espíritu del decreto al lotear terrenos rurales simulando que continúan teniendo fines agrícolas, ganaderos o forestales, aunque sus usos finales son de tipo habitacional, lo que es una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio socio-ecológico de las localidades donde se emplazan”.
Esta coyuntura es observada con total atención desde la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (Acop). Cristian Domínguez, gerente general de la entidad, dijo que su análisis es que la fuerte normativa que impulsa el Ejecutivo podría generar un incremento en el valor de los terrenos. “Las parcelaciones de agrado que se han hecho en los últimos 20 o 25 años ya están ahí y no se deberían tocar. Si se va a restringir, nuevamente, usar suelo que ya no es agrícola, si se va a impedir crecer en este tipo de modelo inmobiliario, las parcelaciones existentes van a aumentar sus valores”, agregó Domínguez, recalcando que esto sería un claro efecto inmediato del anuncio estatal.
Dentro del plan de Minagri hay 12 causas que ameritan suspensión o rechazo del proceso de certificación. Entre ellas destaca, por ejemplo, los casos donde el proyecto de parcelación considere la generación de 80 lotes o más. O directamente, cuando el titular tiene un giro ligado a actividades económicas como construcción de edificios para uso residencial; compra, venta y alquiler, etc.
Para el representante de la Acop esta idea tuvo que haber sido socializada, previamente. “Lo que le pediríamos al ministro de Agricultura (Esteban Valenzuela) es que nos sentemos a conversar en una mesa. Es bueno hacerlo con los actores principales del mercado y de ahí sacar las tendencias de las futuras políticas del punto de vista del suelo que es muy bueno para el desarrollo económico, agrícola y habitacional”, sumó Dominguez.
“Hay que aclarar que no se ha resuelto una suspensión general de los procesos de certificación, sino que se pedirán informes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuando existan antecedentes que puedan evidenciar que el proyecto importa un cambio del destino agrícola de los predios y de una vulneración de las prohibiciones legales en la materia”, concluyó la seremi de Agricultura.