Después de su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto vuelve a su comisión para corregir indicaciones. El Gobierno podría recurrir al TC.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que faculta a los municipios para distribuir y comercializar gas licuado a precio justo. Sin embargo, la iniciativa volvió a la Comisión de Gobierno Interior por ser objeto de distintas indicaciones.
La iniciativa autoriza a las municipalidades para desarrollar actividades empresariales o comerciales destinadas a transportar, distribuir y comercializar gas licuado. Esto puede ser a través de un municipio o mediante una asociación o agrupación de municipalidades constituida especialmente para tales efectos.
“Me parece que vamos a tener que hacer más conversación política y esa es una tarea que le quedará al próximo Parlamento, porque difícilmente vamos a alcanzar a terminar de analizar esta iniciativa con la única sesión que nos queda de la Comisión”, aseguró la diputada del PPD y Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Andrea Parra.
El texto aprobado establece además que las municipalidades y asociaciones de municipalidades deberán cumplir con las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes que regulan el mercado de comercialización del gas licuado de petróleo, el transporte, las medidas de seguridad y demás que sean aplicables.
La discusión en la Sala se centró en los altos costos del recurso y los cuestionamientos a las empresas del mercado del gas, donde un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) detectó una preocupante falta de competitividad y recomendó hacer cambios urgentes al respecto.
No obstante, el Gobierno presentó reserva de constitucionalidad sobre el proyecto que busca autorizar a los municipios a comercializar gas licuado. Desde el Ejecutivo advirtieron que podrían llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, por tratar materias de iniciativa exclusiva del Presidente.
“El proyecto en discusión podría introducir nuevas distorsiones a esta industria que han sido han sido ya advertidos por la FNE y que, entre otros aspectos, apunta hacia la desintegración del mercado mayorista”, manifestó la subsecretaria de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, sobre el proyecto que fue ya fue aprobado por la Cámara Baja pero que deberá volver a la Comisión de Gobierno Interior.
Por su parte, La Moneda presentó un proyecto que apunta a las recomendaciones de la FNE, pero desde la oposición sostienen que mientras no se corrijan las distorsiones del mercado se hace necesario trabajar en la posibilidad de la participación de municipios.