Consultados estiman que no habría mayores cambios. Salvo inversionistas con operaciones en “paraísos fiscales”.
Especialistas regionales estiman que nuevo Impuesto Empresarial Global de 15% recién aprobado por el G20 no debería implicar mayores cambios impositivos para Biobío.
Así indica Hugo Tapia Krug , abogado tributarista, socio de Tapia y Cia, Abogados y Asesores Tributarios, quien señala que con la premisa de establecer un sistema tributario y una economía global más justa, los líderes del G20 aprobaron la adopción de un impuesto mínimo global empresarial.
“Este sistema implica el establecimiento, por parte de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) de una tasa de impuesto de al menos un 15% que será aplicable a las utilidades generadas por empresas multinacionales”, explica el abogado tributarista.
Tapia agrega que esta medida busca, por un lado, establecer un sistema tributario global más justo y, por otro, evitar que las empresas trasladen su sede central o sus filiales operativas a países con regímenes fiscales preferenciales (con tasas rebajadas).
El socio de Tapia y Cia, Abogados y Asesores Tributarios aporta adicionalmente que con esta “reforma tributaria global”, que comenzaría a ser aplicada a partir del año 2030, se evitaría el traslado de las inversiones de empresas multinacionales entre diversos países con el sólo propósito de rebajar su carga impositiva y también, se logrará que estas empresas paguen sus impuestos en todos los países donde operen o tengan la sede central de sus operaciones.
De acuerdo con el abogado este cambio, preliminarmente, no debería generar un impacto en la tributación interna en Chile, dado que las tasas de impuestos corporativos están fijadas, en régimen, en un 25% o 27%, dependiendo si se trata de Pymes o grandes empresas.
“Considerando lo anterior y si somos optimistas, este cambio podría beneficiar la inversión en Chile, ya que empresas que hayan “movido” sus inversiones a otros países buscando beneficios tributarios, podrían retornarlas al perderse dichos beneficios. Este escenario, llevándolo al ámbito regional, no debería generar impactos impositivos en las empresas que operan en a Región y también podría beneficiar la inversión, por los mismos motivos antes descritos”, comenta Tapia.
Cristian Maldonado, asesor tributario, apunta a a casos como los de Hungría con un impuestos de 9% y de Irlanda con un 12,5%, dos ejemplos, de las diferencias impositivas imperantes que busca mitigar el G20.
Maldonado detalla que el mecanismo se sustentaría en dos pilares definidos por la Ocde, el primero fija que el volumen del beneficio residual de las empresas o sea lo que queda o restante después que el país donde este la sede se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10% de la rentabilidad, de empresas con facturación superior a 20.000 millones de Euros, se repartirá entre los países donde operan y se tienen ingresos superiores a un millón de Euros (250.000 euros en pequeños estados).
“El segundo pilar establece un impuesto mínimo del 15% para las empresas multinacionales que tengan una facturación de al menos 750 millones de euros (675 mil millones de pesos), de ahí que se ha dicho que se busca combatir el beneficio de empresas como Amazon, Facebook, Google, entre otros y los ingresos obtenidos de patentes de medicamentos, programas informáticos y derechos de propiedad que están emigrando a paraísos fiscales o territorios de nula o escasa tributación”, comenta el asesor tributario.
Maldonado coincide con Tapia respecto que no habría mayores cambios en Biobío, “excepto para inversionistas que hoy se encuentran operando en paraísos fiscales, quienes tendrán que buscar nuevos paraísos fiscales que no les aplique esta tasa mínima o que los mismos Gobiernos ofrezcan incentivos y sus propias reglas como exenciones, subsidios, créditos o cualquier otro mecanismo que al final favorezca a las empresas en ese paraíso, quedando con tasas efectivas iguales o menores que la que ya tenían”, concluye.