El proyecto avanza en el Congreso y ecologistas aseguran que la población no puede seguir “respirando veneno” hasta el 2040, plazo fijado por el plan de descarbonización presentado con antelación por el Ejecutivo.
Avanzó en el Congreso el proyecto de ley que establece que la prohibición de funcionamiento de las centrales termoeléctricas a carbón que tengan menos de 30 años de antigüedad.
El texto legal volverá a la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales por haber sido objeto de indicaciones.
Lo anterior, altera y adelanta el plan de descarbonización presentado por el gobierno con plazos hacia el 2040, pese a que, voluntariamente, empresas como Enel, han anunciado que adelantarán el cierre del Complejo Bocamina ubicado en Coronel para 2020 (Unidad 1) y 2022 (Unidad 2).
Así las cosas, el gobierno mantiene sus plazos argumentando que la gradualidad es imprescindible para evitar problemas técnicos y también sociales por las fuentes laborales involucradas.
Mientras que por el lado del Partido Ecologista, su presidente, el diputado Félix González, aseguró respaldar adelantar el cierre porque las personas “no pueden seguir respirando veneno” hasta el 2040.
Pero qué dice el ente técnico sobre la viabilidad del adelantamiento y sus eventuales consecuencias para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional informar los efectos que tendría un adelanto en el cierre de las centrales generadoras a carbón, al año 2025.
En resumen, el organismo técnico que opera el SEN aseguró que se verían afectados tanto las tarifas (al alza) como la propia seguridad de operación, en un escenario de sequía prolongada y de escasez de GNL. Y aseguró que las metas de reducción de CO2 por la no quema de carbón pueden no verse cumplidas por la mayor y forzosa participació0n de centrales a gas natural y diesel.
“En un escenario de retiro total de las unidades generadoras a carbón al año 2025 y en escenarios futuros de escasez hídrica, se produciría un aumento significativo de los costos de operación del sistema, debido a un uso intensivo de centrales termoeléctricas a gas natural licuado (GNL) y diesel. Sumado a lo anterior, en horas de la noche, y producto de menores aportes de generación de Energías Renovables Variables (ERV), el sistema tendría un incremento en los valores de costos marginales de energía comparado con los que se darían en el escenario de retiro progresivo del parque generador a carbón al año 2040 “.
Las tarifas que determinan los suministradores se basan en los costos marginales de energía del sistema eléctrico, así al incrementarse dichos costos se produciría una presión para incrementar las tarifas a consumidor final.
El informe advierte además que en un escenario de cierre de las carboneras al 2025, se requeriría la materialización con antelación al año 2025 de una serie de importantes líneas de transmisión eléctricas, ya que una demora respecto de su fecha de puesta en servicio podría generar restricciones de transmisión y problemas de estabilidad, afectando de esta manera la integración segura de energía proveniente de centrales convencionales y renovables hacia los centros de consumo.
En cuanto a los efectos económicos para el sistema, se concluye que, en caso de cerrarse al año 2025 de todas las centrales a carbón, en condiciones de sequía y con situaciones de limitaciones de suministro de combustible GNL y Diesel, los costos de operación se incrementarían significativamente.
El informe también menciona que la mayoría de las centrales generadoras de ciclo combinado que usan GNL, están cercanas a cumplir su vida útil, por lo que requieren de inversiones para prolongar su operación, situación que debe ser validada con sus propietarios.
“En cuanto a la confiabilidad, seguridad y calidad de servicio, el retiro anticipado de centrales a carbón implica una reducción significativa de los niveles de inercia y potencia de cortocircuito en él sistema, por debajo de los limites mínimos requeridos para una operación estable frente perturbaciones y fallas”.
El gerente general de Enel Chile, Pablo Pallotti, señaló que la decisión de la firma de adelantar sus plazos desde 2040 a 2022, dijo que la medida responde a la necesidad de “acelerar una transición energética justa hacia una matriz más eficiente, económica y limpia, capaz de sostener el desarrollo del país y, a la vez, reducir su impacto sobre el entorno y el clima”.